Aunque nadie cobra la entrada, las playas tienen un precio. O al menos se puede estimar. En este enrevesado cálculo se ha volcado la cátedra Unesco, adscrita al Centro de Investigación Económica (CRE) de la Universitat y Sa Nostra. Por el disfrute que proporcionan los arenales más concurridos, los turistas estarían dispuestos a desembolsar al día entre 1,18 euros (playa de Alcúdia) y 0,93 euros (Santa Ponça). El tique de s´Arenal costaría 1,02 euros. El estudio del presidente del CRE, Antoni Riera, y los investigadores Ángel Bujosa y Catalina Torres, se sustenta en 856 encuestas a viajeros. El objetivo, conocer el valor que dan a los servicios recreativos de la costa mallorquina.

Este trabajo identifica los atributos más influyentes en el bienestar de los turistas. Se resumen en tres: la bandera azul; la ubicación en un entorno paisajístico, natural, forestal o agrícola; y la cobertura arbolada y vegetal. Por el contrario, valoran negativamente la proximidad a las zonas urbanas y el elevado nivel de cogestión.

Si Balears decidiera mejorar su competitividad, podría fomentar los aspectos más determinantes en el visitante –banderas azules, paisaje y merma de edificabilidad–. Y si después la Administración y el sector privado quiere cuantificar los efectos de esa inversión, bastaría con volver a hacer el cálculo y comprobar si ha aumentado en la misma proporción el dinero que estan dispuestos a gastar los turistas. El mecanismo ideado por los investigadores del CRE puede ser un referente a la hora de establecer una tasa ecológica porque, cuando el bienestar no se paga, como el de las playas, "hay actividades económicas que se apropian de él" y se benefician, puntualiza Antoni Riera.

El estudio también permite cifrar la pérdida de bienestar que provocaría el cierre simultáneo de varios arenales afectados, por ejemplo, por un derrame. A causa del cierre simultáneo de las diez playas de Calviá durante un día de agosto, habría que abonar a los turistas 30,67 millones, porque ese es el bienestar que obtienen.