Ratifican el recorte para los funcionarios

DIARIODEMALLORCA.ES/EFE.PALMA El Parlament balear ha ratificado el decreto ley de medidas urgentes para recortar en 70 millones este año el gasto de personal de la Administración pública, una medida que el Govern cree imprescindible para reducir el déficit y que para la oposición degradará los servicios públicos.

El decreto, validado con los votos a favor del PP, el rechazo de la izquierda y la abstención del diputado no adscrito Antoni Pastor, suspende los complementos retributivos por productividad y servicios extraordinarios de los empleados públicos.

Además, anula las horas extra, los complementos para la prestación por incapacidad temporal, la prolongación del servicio después de la edad de jubilación y los días adicionales de vacaciones y asuntos propios.

La norma, contemplada en el plan de equilibrio económico que aprobó el Ejecutivo central a propuesta del Govern, contempla también la ampliación de la jornada laboral del personal autonómico de 35 a 37,5 horas semanales, una medida que entrará en vigor el 1 de julio.

Además, los docentes no universitarios que ejerzan como tutores y jefes de departamento dejarán de cobrar por ello, se ampliarán las ratios de alumnos por aula en un 20 % y se suprimirá la contratación de nuevos interinos.

Tanto en sanidad como en educación se suspende la convocatoria de nuevas oposiciones hasta que no se aprueben las respectivas relaciones de puestos de trabajo.

El vicepresidente económico Josep Ignasi Aguiló ha subrayado que el decreto ratificado reduce "determinadas ventajas que los empleados públicos han obtenido" en momentos de bonanza económica y les obliga a realizar "un sacrificio solidario con el resto de la población activa" en un contexto de grave crisis.

"El Govern cogió las riendas de la comunidad en unos datos económicos absolutamente deteriorados como consecuencia de la incapacidad de hacer un diagnóstico correcto de la crisis y, por tanto, de llevar a cabo las políticas adecuadas", ha indicado Aguiló para justificar las medidas de reducción del déficit del ejecutivo.

También se ha referido al anterior Govern el diputado del PP Fernando Rubio, que ha negado a la oposición la legitimidad para "dar lecciones" tras dejar la Comunidad con una deuda de 6.000 millones de euros.

La diputada socialista Lourdes Aguiló ha lamentado criticado que se recorten "los derechos de los empleados públicos" al tiempo que se mantiene un "paraíso retributivo" en el entorno del presidente, José Ramón Bauzá.

La parlamentaria del PSIB, que ha propuesto sin éxito que el decreto se tramite como proyecto de ley, ha criticado que el Govern imponga los recortes sin dialogar con la oposición ni los agentes sociales y ha lamentado que se supriman supuestos privilegios que ayudan a los empleados públicos a conciliar el trabajo con la vida familiar.

El representante del PSM-IV-ExM i Més per Menorca Nel Martí ha centrado sus críticas en el deterioro de los servicios públicos que conllevarán los ajustes que sufrirán los trabajadores de la Administración y ha lamentado la pasividad del Govern frente a los impagos de los compromisos del Gobierno central con las islas.

"Lo que Madrid nos roba lo quieren sacar de los bolsillos de los ciudadanos de las islas", ha incidido Martí, que ha denunciado el abuso que a su juicio hace el Govern de la figura legislativa del decreto ley, que solo se justifica en situaciones extraordinarias.

Antes del inicio del pleno, una veintena de profesores de la enseñanza concertada se han concentrado a las puertas del Parlament en protesta por el decreto ley, en particular por la supresión del derecho a cobrar el 100 % del sueldo cuando están de baja.

Dos representantes de los trabajadores han expresado su queja al propio vicepresidente Aguiló, quien les ha asegurado que su sacrificio redundará en beneficio del interés general.

Por otro lado, el Parlament ha ratificado con los votos de todos los diputados excepto los del PSM-IV-ExM i Més per Menorca otro decreto de medidas urgentes que establece un régimen sancionador para los llamados "taxis pirata".

Todos los portavoces han coincidido en la necesidad de impedir la competencia desleal en el transporte de turistas, aunque los nacionalistas han expresado dudas sobre la urgencia y efectividad de la normativa.