La ley de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible quedó ayer definitivamente aprobada en el pleno del Parlament con los únicos votos del PP y tras duras críticas de la oposición a una normativa que, a su juicio, supone un "urbanismo a la carta" y una desprotección del medio ambiente. "Al menos tengan la decencia de eliminar la palabra sostenible del título de la ley, no prostituyan así la noción de sostenibilidad", espetó Antoni Alorda (PSM) a los populares. En el mismo sentido se expresó el socialista Jaume Carbonero. "Si creen que es sostenible, expliquen qué parámetros responden a ese criterio y si hay una sola disposición en esta ley que suponga crear más sostenibilidad mediambiental", emplazó el diputado del PSIB al PP.

"Nos quieren hacer pasar como si fuéramos depredadores del territorio y no lo vamos a consentir", replicó la popular Virtudes Marí a la oposición a la que acusó de falta de "coherencia" ya que, según dijo, ha presentado enmiendas a artículos que eran los mismos que la ley aprobada a finales de la pasada legislatura por el Pacto.

Marí sostuvo que la ley de medidas urgentes, conocida también por ´decreto Company´ en alusión al conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, no es un "capricho" de los populares, sino que permitirá agilizar la tramitación urbanística, además de solucionar cuestiones como el reconocimiento del "carácter urbano de terrenos residenciales en medios rurales". Acusó a la oposición de "rasgarse las vestiduras" por definiciones que son iguales que las que se aplicaban hasta ahora, como la de suelo urbano, así como de actuar como "trileros" al tergiversar, según dijo, lo que realmente dice la nueva ley.

Frente a ella, PSIB y PSM se mostraron convencidos de que esta ley busca favorecer determinados intereses. La posibilidad de construir más en suelo rústico de lo que se permitía hasta ahora o la legalización de urbanizaciones irregulares fueron algunas de las cuestiones que rechazaron. Carbonero criticó que no se establezcan límites para el crecimiento urbano y que se salten en este sentido las Directrices de Ordenación Territorial (DOT), a la vez que sostuvo que la nueva normativa rebajará las hectáreas protegidas por habitante. "Una mala regulación urbanística produce efectos catastróficos e irreversibles", concluyó el diputado socialista.

"Han elaborado un manual de normas de urbanismo a la carta", dijo por su parte Alorda al PP. El diputado del PSM insistió en que esta ley, aprobada por el Govern inicialmente como decreto ley, ha permitido que en Andratx se empieza a trabajar sobre la urbanización de Cala blanca, por ejemplo. "Esta ley es un paso atrás en la protección del territorio", afirmó Alorda, quien llegó a calificar de "bananerismo urbanístico" lo que supone la nueva normativa.

"No aceptaremos que se cambie ninguna delimitación de Anei establecida por ley", advirtió el diputado del PSM al PP. Además, sostuvo que esta normativa deja la previsión de zonas verdes en Balears "a un nivel menor que hace 40 años". A pesar de las duras críticas de Alorda, el PP aceptó dos enmiendas de carácter menor al PSM, mientras que todas las presentadas por el grupo socialista fueron rechazadas.