A pesar de las constantes declaraciones del president José Ramón Bauzá asegurando que el cierre de los hospitales General y Joan March era una medida necesaria ante la mala situación de las arcas autonómicas, la consellera de Salud, Carmen Castro, admitió ayer en el pleno del Parlament que esta decisión no se traducirá en un "ahorro inmediato" sino que este se producirá en los próximos años.

Castro efectuó estas declaraciones en el transcurso de una interpelación del PSIB, durante la cual la consellera explicó que la reordenación sociosanitaria se realizará en dos fases. "No desaparecerá ninguna prestación en Gesma", sostuvo Castro. Añadió que el objetivo del Govern es ofrecer una atención integrada en el ámbito sociosanitario, para lo cual agilizará la reconversión del antiguo Son Dureta. Así, el cierre del General y el Joan March, "no tendrá resultados de ahorro inmediato" aunque supondrá "un ahorro importante en los próximos años".

Según precisó, el plan de reordenación de asistencia sociosanitaria comenzará en septiembre con el traslado de la mitad de la actividad del Joan March y la "reubicación" de los programas a otros dispositivos asistenciales. Así, la Unidad de Alcoholismo (UPRA) pasará al Psiquiátrico y ortogeriatría y pluripatología al Hospital General. En Cruz Roja se creará un espacio para pacientes de larga estancia y baja complejidad. Además, habrá hasta 40 camas disponibles en Sant Joan de Deu. En esta primera fase solo quedarán en el Joan March los cuidados paliativos y respiratorios. Paralelamente se elaborará el proyecto del antiguo Son Dureta, se sacará a licitación y se adjudicará por concurso la obra, que comenzará el próximo año. Cuando acabe, toda la actividad del Joan March y el General se trasladará a Son Dureta.

Castro no concretó el coste de este edificio ya que figurará en los presupuestos del Govern para el próximo año. El socialista Vicens Thomàs sostuvo que la consellera no había sido capaz de explicar qué ahorro suponía el cierre de los hospitales ni el coste. Afirmó que se trata de una medida realizada con "absoluta improvisación" y que el Govern no tenía en cuenta ni a las personas ni a los trabajadores afectados, por lo que le emplazó a "paralizar" el cierre. "Retrocedan, escuchen, dialoguen y no insistan en la crispación", dijo Thomàs a Castro.

La consellera acusó a Thomàs de no tener interés en "escuchar" y de utilizar a "las personas" para "desgastar" al Govern. Agregó que, con este fin, el PSIB utiliza "argumentos personales y barriobajeros", refiriéndose a la acusación al conseller Simón Gornés de haber blindado su plaza de interino en el Consell de Menorca.