Bauzá negoció la venta de su vinoteca al gerente de IB3

Siendo ya president, Bauzá intentó vender la tienda de vinos por 350.000 euros. Los compradores iban a ser el empresario mallorquín Jesús Bleda y el madrileño Borja Rupérez, a la sazón gerente de IB3 por decisión personal del president. Con ambos mantenía una relación de amistad que incluía celebraciones navideñas. El precio, las perspectivas de negocio y las dificultades para rentabilizar la operación por otros conductos disuadieron a los compradores. Las secuelas económicas de esta operación fallida no han cicatrizado. El intento de obtener el viernes la versión del Consolat de la Mar no obtuvo respuesta.

La reunión clave para la compraventa del negocio de Bauzá tuvo lugar el pasado otoño, durante una comida en el hotel Valparaíso. El president acudió al establecimiento acompañado por sus escoltas. Estaba preocupado ante el hecho de que las dificultades extremas de su vinoteca conllevaran su entrada en una lista de morosos. Los compradores se retiraron, y el líder del PP sigue figurando en el registro mercantil.

Pocos días después de que se frustrara la compraventa de la vinoteca de Bauzá, el gerente de IB3 fue citado en el Consolat. Una vez allí, los hombres de confianza del president le indican que han perdido la confianza en él. Rupérez abandona el canal autonómico en medio de una notable polémica y, desde ese instante, el líder del PP se muestra inaccesible para sus antiguos interlocutores mercantiles. En los tiempos de bonanza, las excelentes relaciones llegaron al punto de que trabajadoras de la vinoteca se formaron en bodegas vinculadas a los presuntos compradores de Divino.

Según uno de los testigos de los sucedido, "si te pone el presidente, sólo te puede quitar el presidente". Cuando se produce la ruptura en noviembre del año pasado, los empresarios que se negaron a comprar la vinoteca reclaman una "inversión" previa de 140.000 euros, que estaría destinada a aliviar las presiones bancarias. Los pagos se habrían sustanciado antes y después de las elecciones autonómicas.

El tira y afloja subsiguiente se vio envuelto en una maraña de vestigios de la relación previa. Hoy se esgrime un flujo de correos electrónicos, y la grabación de las llamadas telefónicas que se produjeron en cuanto afloraron las primeras suspicacias. No resulta descabellado concluir que la compraventa estaba patrocinada por la firma Apple, dado el papel jugado por los medios de captación de voz a través del iPhone. Al menos un grupo de comunicación figura entre los postores en la puja por un material que golpea en la línea de flotación del Govern.

Bauzá ha impuesto su proverbial hermetismo a los negocios privados que se solapan con su actividad como president de Balears. Los dirigentes del PP ignoraban que posee un piso millonario –dentro de un edificio ilegalizado por el Supremo– en la zona más cara de Palma. Tampoco les había confiado su condición de accionista en la vinoteca. Omitió asimismo las auténticas razones por las que nombraba a un desconocido como gerente de IB3.

La cúpula del Consolat se reunió con Rupérez en el madrileño hotel Adler, establecimiento de lujo que es propiedad de la familia política del exgerente de IB3. A aquella comida, celebrada en un discreto comedor, acudieron Bauzá y sus dos principales lugartenientes en el Consolat. Es posible que los adjuntos del president desconocieran la vinculación mercantil con el empresario madrileño, que ni siquiera llegó a ver a Antoni Gómez, el conseller colocado en la dirección del canal autonómico.

La publicación en esta sección de los datos sobre los negocios de Bauzá ha movilizado a los sectores implicados. Acreedores y deudores se han puesto en manos de abogados, en ocasiones con bufete en Palma y Madrid, para saldar las deudas. Al president le han surgido prisas por cancelar los problemas a principios de la semana que viene, antes de explicarse en el Parlament. La cifra de 140.000 euros en disputa se ha incrementado, al consignarse factores ligados al desgaste de la operación.

La Ley de Incompatibilidades también se cierne sobre Bauzá. Por una parte, ante la dificultad de conciliar sus cargos de administrador en dos empresas –la vinoteca y Bauser S.L.– con la presidencia del Govern. Asimismo, por el hecho de que sus sociedades no figuren en el obligatorio registro de datos de los parlamentarios. Esta "omisión o no aportación" tiene el carácter de "infracción grave", con una sanción prevista de "hasta dos años" sin ocupar cargos públicos.

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