En el gabinete del president tendrán que renunciar a los hasta 6.000 euros de sueldo extra que Bauzá les aprobó nada más llegar al poder. Un auto de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Balears considera que la subida de salarios aprobada por el PP para el equipo más cercano al president no está justificada. Suspende por ello cautelarmente el aumento medio del 25% aplicado por Bauzá a los suyos (y solo a los suyos), con un argumento muy similar al esgrimido por UGT, el sindicato demandante: las condiciones de austeridad que esgrime el PP y la crisis a la que apela para despedir en las empresas públicas, no renovar interinos y ajustar salarios y jornadas de funcionarios están también vigentes para los políticos más cercanos a Bauzá. Si hay crisis, la hay para todos, incluidos los políticos del PP, viene a decir el auto: "Todo el personal, esto es, funcionarios, personal directivo o personal eventual ha de soportar bajo el mismo criterio los perjuicios y los efectos que la crisis causa".
La medida cautelar, a la espera de que haya sentencia dentro de unos meses, llega después de que UGT decidiese dar la batalla contra una subida selectiva de nóminas que en su día calificaron de "cacicada". El argumento del sindicato era y es sencillo: no es admisible que el president le suba el sueldo a su gente mientras se lo baja a los funcionarios, los proveedores no cobran y más de 100.000 baleares sufren paro. Y, según UGT, aún menos admisible es el incremento de salario después del aumento de jornada que el Govern ha aprobado para los trabajadores públicos, que pasan este mes de tener 35 horas a la semana a trabajar 37,5 por el mismo salario total. Esa ampliación de horario, aparte de suponer la eliminación de trabajadores en los servicios públicos, implica de facto una bajada del 7% de lo que se paga por hora de trabajo. "Se le pidió a la directora de Función Pública que en coherencia con la bajada de salario de los funcionarios se retirase la subida de los amiguitos de Bauzá, y aseguró que no había razones para ello", lamenta UGT.
En ese contexto, recuerdan fuentes de UGT, pierde validez el argumento que invocaron en el gabinete de Bauzá para subirse el sueldo: dijeron que el recorte de organigrama del Govern conllevaba un fuerte ahorro de puestos de designación política, por que los que los que quedaban debían asumir más trabajo y merecían cobrar más que los políticos que los precedieron con el president Antich.
Deberán devolver lo cobrado
Al Tribunal Superior el argumento no le vale, por eso admite el recurso con el que UGT exigía que se cancelase cautelarmente la subida de sueldo. Y más: según fuentes del gabinete jurídico de UGT, los cargos del gabinete de José Ramón Bauzá afectados deberán devolver a las arcas públicas todo el dinero de más cobrado tras la subida. Y eso son casi nueve meses de incremento de salarios, en los que mientras el gabinete de Bauzá se embolsaba un 25% más de media que los cargos de Antich, el Govern tomaba medidas duras para recortar salarios de funcionarios y servicios básicos. De ello habla el propio auto judicial, en el que se reprocha "la distinción radical" que supone que el president le suba el sueldo a los suyos mientras se le baja al resto de funcionarios y trabajadores públicos, colectivo de afectados en el que por cierto militan jueces como los del Tribunal Superior .
La Sala admite no obstante que se ha producido una reducción de liberados políticos: se pasó de 70 elegidos a dedo por Antich a apenas 45 del PP. Ese recorte llevó en su día a Bauzá a justificar en público el incremento de salarios de sus elegidos, alegando que al haber menos contratados a dedo "este gabinete [el suyo] supondrá en la legislatura un ahorro de 800.000 euros". La cuenta del president no le sale al tribunal, que pide más datos sobre las tareas adicionales de los recompensados por Bauzá con subidas del 25% en plena crisis. Aunque la sala reconoce que "puede ser cierto" que los cargos de confianza del PP tengan más trabajo que los de Antich, subraya que "la distinción de trato tan sobresaliente entre unos y otros servidores públicos, puede entrar en riesgo, con afectación sensible para los intereses generales". "No puede admitirse que sus emolumentos [los del equipo de Bauzá] aumenten en base al razonamiento de que sus funciones serán más amplias a costa de la reducción [de organigrama]: sean las que sean estas funciones y cometidos, el criterio a seguir no es otro que el de restricción presupuestaria y reducción del gasto, y ese ha de ser el mismo para todos los colectivos y estamentos".
Perjuicio al interés general
La sala ahonda en esa idea para afirmar que "pueden ocasionarse perjuicios a los intereses generales si, como ocurre en el presente caso, el coste económico de la remodelación supone un aumento de las retribuciones lineales en un 25% de los emolumentos a percibir por el personal eventual, basando ese aumento en una disparidad de criterio que se aparta del mantenido para el resto del personal de la administración, al que sin duda se ha obligado por la crisis económica al sacrificio de ver menguados sus salarios". Por ello, en el auto se insta a Bauzá y su gabinete a que expliquen "por fin" a la Sala "en qué consiste el trabajo de esas personas de confianza, cómo se plasma, qué huella documental deja, cómo se acredita, que han hecho un servicio u otro, etcétera".
