El juzgado de instrucción 5 de Palma ha citado mañana a declarar como imputados a Pablo, José María y Zoilo Ruiz-Mateos, hijos del empresario José María Ruiz-Mateos, en relación a una querella por una supuesta estafa millonaria en la venta de un hotel en Mallorca.
Sus citaciones se producen una semana después de las de su padre y uno de sus hermanos, Javier Ruiz-Mateos, quienes acudieron el pasado miércoles a este juzgado para dar su versión sobre los hechos investigados.
Las comparecencias responden a una querella interpuesta contra los Ruiz-Mateos por la familia Hoz, que les vendió en 2006 el hotel Samoa (en la costa del municipio mallorquín de Manacor) por 21 millones mediante un sistema de pagarés que los compradores dejaron de hacer efectivos en 2010 después de haber pagado unos 6 millones.
La semana pasada, José María Ruiz-Mateos se acogió ante la jueza a su derecho a no declarar y aseguró en una nota repartida a los periodistas que el motivo de su "apatía" a la hora de presentarse en los juzgados -había sido citado en otra ocasión pero no acudió- es que "nunca" se le ha "comprendido y considerado".
Su hijo Javier, quien actuó como avalista en la compra del hotel junto con sus hermanos, afirmó a la jueza que su padre fue quien llevó toda la operación, pero que "en ningún momento quiso engañar ni crear falsas expectativas" ni tampoco "estafar a nadie".
Hace unas semanas también atribuyó a su padre octagenario todas las negociaciones Álvaro Ruiz-Mateos, citado igualmente como imputado, ya que los seis hijos varones del empresario jerezano actuaron como avalistas en la compraventa junto con dos empresas del grupo.
Los Ruiz-Mateos están imputados en tres querellas diferentes que tramitan tres juzgados de Palma relativas a la compra de sendos hoteles en Mallorca por un sistema parecido, mediante un pago aplazado que en un momento dado, coincidiendo con el concurso de acreedores del grupo, dejaron de abonar a los vendedores aún después de haber constituido hipotecas sobre los establecimientos.
Uno de los jueces dictó la prohibición de salir de España como medida cautelar para los hijos y el padre mientras que otro decretó que debían pagar una fianza civil de 18,5 millones de euros para cubrir posibles responsabilidades derivadas de una eventual condena por estafa.
