El Govern aprobó ayer la polémica modificación de la Ley de la Función Pública por la que el catalán deja de ser un requisito para trabajar en la administración autonómica y se convierte en un mérito. El proyecto de ley entrará ahora en el Parlament para su aprobación definitiva, según recordó el portavoz del Ejecutivo y conseller de Educación, Rafel Bosch, al acabar la reunión del Consell de Govern que se celebró en Alaior.

Bosch precisó que habrá algunos ámbitos en los que el catalán continuará siendo un requisito para el acceso a la función pública, entre ellos la educación, o los puestos de trabajo con funciones de asesoramiento lingüístico. Asimismo, se exigirá el nivel B2 de catalán o equivalente para los puestos cuya función principal sean la información y atención a los ciudadanos.

Precisó que "por coherencia jurídica" durante la "elaboración" del proyecto de ley se han modificado "algunos artículos de otras leyes", en concreto las de Normalización Lingüística, la de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma y la de Coordinación de Policías locales. Los cambios en estas normativas, según aseguró el Govern, se circunscriben a los aspectos que se refieren a "la necesidad de acreditar un determinado nivel de conocimiento de la lengua catalana para acceder a un puesto de trabajo", excepto en la Ley de Normalización Lingüística, en el que también se modifica "el artículo referido a la toponimia".

Con el nuevo redactado de la Ley de Normalización Lingüística,cada ayuntamiento, a través del pleno municipal, podrá proponer la inclusión de la fórmula castellana en la denominación del municipio junto con la fórmula catalana. Los consells insulars serán los que decidan si aceptan las propuestas y quieren las toponimias sólo en catalán o en las dos lenguas.

El Govern resaltó que el objetivo de la reforma de la Ley de la Función Pública es "instrumentar las medidas necesarias para que los procesos selectivos permitan el acceso de las personas mejor cualificadas y que superen las pruebas con mayor nivel en la administración de Balears, sin que la falta de acreditación oficial de un determinado nivel de catalán sea, de entrada, un obstáculo"