La fiscalía ha remitido al juez del caso Palma Arena un informe donde exculpa a la infanta Cristina de la presunta trama de desvío de fondos públicos a través del grupo Nóos, impulsado por su marido Iñaki Urdangarin, encausado en el sumario. Anticorrupción no apoya así la imputación de la hija del Rey en la pieza separada 25 del Palma Arena, solicitada por el sindicato de funcionarios Manos Limpias, que ejerce la acción popular.
La fiscalía anticorrupción, con el beneplácito de la fiscalía superior de Balears y de la fiscalía general del Estado, ha emitido un informe sobre la posible responsabilidad de la Infanta en el caso Palma Arena.
El dictamen se ha redactado tras la larguísima comparecencia el pasado fin de semana de Urdangarin ante el juez José Castro y los fiscales anticorrupción de Balears Juan Carrau, Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán.
Irregularidad administrativa
Cristina de Borbón es copropietaria, al cincuenta por ciento y con su esposo, de la inmobiliaria y consultoría Aizoon S.L., una empresa sospechosa de desviar cientos de miles de euros de fondos públicos. Iñaki Urdangarin ha declarado ser el único gestor y administrador de Aizoon. Anticorrupción comparte esa tesis y aparta a la hija del Rey de la consultoría: "Su única vinculación es únicamente a nivel societario, nunca tuvo un cargo ejecutivo".
"La gestión y administración de esa sociedad está en manos de su cónyuge, Iñaki Urdangarin", remata una nota de la fiscalía sobre su escrito.
Los investigadores de la pieza separada 25 han detectado en las cuentas de Aizoon salidas periódicas de fondos de la sociedad destinados a la infanta Cristina, así como el pago de gastos personales de la familia Urdangarin-Borbón con dinero de la empresa.
Anticorrupción no ve alcance penal en estos hechos. "El presunto hecho de que gastos personales de los cónyuges Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón hayan sido imputados (cargados en las cuentas) como costes de Aizoon S.L. no es constitutivo de ilícito penal", argumenta el ministerio fiscal. Anticorrupción argüye que esas práctica serían, en todo caso, "una mera irregularidad administrativa".
La Infanta no lo sabía
Los investigadores sospechan que Iñaki Urdangarin, presidente del Instituto Nóos entre 2003 y 2006, y su antiguo número dos en esa entidad sin ánimo de lucro, el también imputado Diego Torres, se sirvieron de su sociedad Nóos Consultoría para captar fondos públicos. "No consta ningún indicio incriminatorio que vincule a la infanta Cristina con la actividad presuntamente ilícita desplegada por Iñaki Urdangarin y Diego Torres en Nóos Consultoría", afirma la fiscalía.
Por el momento, ningún testigo, ni implicado han manifestado en el voluminoso sumario que la duquesa de Palma estaba al tanto de los negocios supuestamente ilícitos desarrollados entre 2003 y 2010 por su marido y su círculo íntimo de colaboradores.
Tampoco han aparecido contratos, cheques, facturas u otros documentos firmados por la duquesa de Palma y sospechosos de haber dado pie a presuntos delitos. La conclusión de los fiscales es: Nada permite entrever que "la infanta Cristina conociese la supuesta actividad delictiva de su marido y el socio de éste".
Vocal del Instituto Nóos
La segunda hija del Rey Juan Carlos figuró como vocal de la junta rectora de la Asociación Instituto Nóos, una de las entidades usadas por los imputados para obtener varios millones de euros de las Administraciones públicas de Valencia.
De acuerdo con la fiscalía anticorrupción, en el Instituto Nóos existió un comité de dirección, encabezado por el duque de Palma y Diego Torres, pero en el que no participó la infanta Cristina.
El ministerio fiscal va más allá y postula que la junta rectora de Nóos, de la que era vocal la hija del Rey, "no se reunió para aprobar las líneas de dicha entidad".
El juez Jose Castro también ha recabado su opinión sobre el encausamiento de la duquesa de Palma al Govern, personado como acusación particular, y al Partido Popular, que ejerce la acción popular. La Abogacía del Govern ha exonerado también de responsabilidad a la Infanta, mientras que el PP seguirá en su tónica habitual de no participar en la instrucción del caso Palma Arena, pese a su pasada insistencia en ser tenido como parte.
El juez tendrá que decidir luego sobre la imputación pedida por la acusación Manos Limpias.
