El pleno del Parlament ha validado hoy el decreto de medidas de ordenación urbanística sostenible del Govern -con 34 votos a favor del PP y 24 en contra del PSIB y el PSM-IV-ExM-, que se tramitará como proyecto de ley en la cámara.
El conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company, ha defendido que el decreto simplifica y agiliza la tramitación urbanística y supone el primer paso para ir hacia una ley del suelo que debería aprobarse con consenso en un año.
El decreto determina que es suelo urbano aquel transformado por urbanización y con servicios básicos. Según Company no se permitirá pasar de rural a urbano sin pasar por urbanizable y se regula que los asentamientos en medio rural ya existentes puedan ser urbanos cuando no es aconsejable exigirles la totalidad de servicios básicos, y en concreto la red de alcantarillado.
La norma habilita a los ayuntamientos para incorporar urbanizaciones ilegales o irregulares, un problema "enquistado durante décadas", según Company. Ese reconocimiento de terrenos ya transformados por la urbanización "no es gratis" y cada ayuntamiento podrá fijar las cargas pertinentes para completar los servicios que falten.
Company ha dicho que la regulación que se lleva a cabo en Baleares se ha hecho antes en Andalucía con el decreto de legalización de asentamientos y edificaciones y en Cataluña con la ley de regularización y mejora de urbanizaciones con déficit urbanísticos.
Entre las novedades, el decreto también da posibilidad a los municipios de modificar el planteamiento urbanístico aunque no esté adaptado al plan territorial insular y no contenga catálogo de patrimonio histórico.
Además exime de la evaluación de impacto ambiental por silencio administrativo cuando haya pasado el plazo.
En suelo rústico permite hacer obras de conservación y mejora en las edificaciones construidas legalmente y ampliar los usos de forma justificada con declaración de interés general, algo que según Company apoya al sector primario.
El conseller ha dicho estar sorprendido por reacciones al decreto, que atribuye a que no se ha leído con atención, y ha negado que beneficie al infractor o que suponga una desregulación salvaje.
"Hay que dejarse de tonterías y trabajar porque hay cosas muy positivas para los ayuntamientos y para los administrados, y no se está buscando desregular nada, se busca poner sensatez a cosas donde había desaparecido y clarificar aspectos que los ayuntamientos interpretan de distintas maneras y los consells de otra", ha dicho.
El diputado socialista Jaume Carbonero ha asegurado que el decreto es muy impreciso y genera una grave inseguridad al interpretar su contenido y ha puesto como ejemplo el "gran vacío jurídico" al delimitar el suelo urbano, dejándolo en manos de los ayuntamientos.
Ha acusado al Govern de querer que no haya límite al crecimiento y poder legalizar las urbanizaciones ilegales lo que en su opinión "tendrá un efecto llamada". "Hay quien ya está pensando en poner máquinas en la calle", ha dicho.
Ha anunciado que su grupo impugnará "una a una" las delimitaciones de parcelaciones ilegales que se puedan hacer y las "modificaciones encubiertas."
El exconseller de Territorio ha criticado especialmente la desregulación que representa que los ayuntamientos puedan modificar su planeamiento sin estar adaptados al plan territorial, lo que supone que no tienen que someterse a las directrices de que en Mallorca el crecimiento sea como mucho del 10 % de territorio, el 12 % en Menorca y el 10 % en Ibiza y Formentera.
Carbonero ha acusado a los consellers de Agricultura y de Turismo (Carlos Delgado) de "hacer una carrera para ver quién desregulará más y más rápido". "Nos jugamos el futuro, ninguno de los dos, ni usted ni el conseller de Turismo, debería ganar", le ha dicho el socialista a Company.
Por el PSM-IV-ExM, Antoni Alorda ha dicho que con este decreto la determinación de suelo urbano "dependerá del político de turno y lugar por lugar" y la norma en su conjunto abusa de las excepciones y por tanto "de la arbitrariedad".
Alorda ha asegurado que oír al PP decir que la lentitud de los trámites ha impedido las inversiones urbanísticas "provoca escalofríos".
En declaraciones realizadas en los pasillos, la portavoz socialista, Francina Armengol, ha calificado el decreto de "desregulación salvaje de toda la normativa urbanística" vigente en Baleares, que supone "ir hacia un modelo que vuelve a hacer negocio a costa del territorio y a hipotecar el futuro de las Islas Baleares".
