La titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José, ha dado un plazo de 24 horas al exingeniero jefe de Carreteras, Francisco Orejudo, y a otros cuatro imputados del caso Peaje, tras requerirles una fianza de responsabilidad civil que asciende a un total de 600.000 euros. La caución les ha sido impuesta en el marco de la causa que indaga un presunto desvío de 23 millones de euros públicos durante la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, así como la supuesta utilización a nivel particular de materiales destinados a estos trabajos.

Mediante una providencia la magistrada emplazó a los cinco encausados a que compareciesen este jueves ante el juzgado para solicitarles el pago de esta cantidad, citación que se produjo más de un año después de que decretase la fianza. En concreto, la fianza, acordada a petición de la fiscalía -que solicitaba un millón de euros-, ha sido impuesta tanto a Orejudo como a su compañera sentimental, Mónica Florit, los constructores Bartomeu y Sebastià Cloquell, defendidos por Llorenç Gomila, y el jefe de producción de la UTE que se encargó del desdoblamiento de la antigua C-715, Javier Navarro. Todos ellos deberán hacer frente de forma conjunta y solidaria a al pago de los 600.000 euros a fin de garantizar las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de su presunta implicación en los hechos investigados. En caso de que no puedan abonar la fianza en este periodo de tiempo, se les requerirá que designen sus bienes hasta cubrir la cantidad fijada por la magistrada para que puedan quedar posteriormente embargados.

Tal y como apuntaba la jueza en su auto, estos cinco inculpados alcanzaron un "acuerdo" de cara a levantar con fondos públicos una vivienda unifamiliar aislada sobre un terreno propiedad de Florit en Búger, a pesar de que los encausados defienden que se trata de un templo de meditación de la asociación Pachi Tanglang.