La directora general de Función Pública, Núria Riera, rechazó ayer que la ampliación de la jornada laboral de los funcionarios y personal estatutario de la Comunitat Autònoma, de 35 a 37,5 horas semanales, vaya a provocar el despido de 2.000 trabajadores, tal y como se había estimado desde UGT.
Riera aseguró que esta medida busca unicamente mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos, y señaló como ejemplo la posibilidad de que ayude a reducir las listas de espera actualmente existentes en la sanidad.
La directora general señaló que el recorte en la contratación de interinos no está vinculado a esta iniciativa, sino al plan de ajuste aprobado previamente.
Núria Riera mantendrá hoy una reunión con los sindicatos para exponerles esta pretensión, que sigue el ejemplo iniciado por el Gobierno estatal.
