La Comunidad Autónoma de Balears, personada como acusación particular en la pieza 25 del caso Palma Arena, planea reclamar a Iñaki Urdangarin, y al resto de imputados vinculados a éste en el grupo de entidades Nóos, que devuelvan a las arcas públicas más de 2 millones de euros, supuestamente desviados. El Govern, a través de sus servicios jurídicos, se declara parte perjudicada por los presuntos delitos investigados en esta pieza del caso Palma Arena.

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