Antes era una cuestión de pequeña delincuencia, pero la crisis lo está convirtiendo en "un problema social", lamenta el portavoz de Eroski en las islas, Joan Ripoll, ante el fuertísimo incremento de los hurtos que durante 2011 han registrado las cadenas de supermercados implantadas en Balears. Porque los problemas económicos que padecen muchas familias están multiplicando los casos en que se opta por sustraer los alimentos en estos centros comerciales o directamente a consumirlos en su interior, con situaciones en los que se ven involucrados menores de edad. La rección no se ha hecho esperar: muchos de estos establecimientos han incorporado vigilantes privados entre su personal.
El tema dista mucho de ser anecdótico, y ha sido denunciado también por el presidente de la patronal de comercio Afedeco, Bartolomé Servera. Para estimar el alcance del mismo, basta señalar el dato aportado por Ripoll: solo en el caso de Eroski, el valor de lo sustraído durante el pasado año en sus supermercados de las islas alcanza los dos millones de euros. Y el ritmo de incremento que se ha detectado durante ese ejercicio supera el 20%.
La responsable de Mercadona en Balears y Canarias, Paquita Planells, confirma la existencia de este problema y los contactos que se han venido manteniendo con la Delegación del Gobierno para intentar encontrar una solución, y destaca que en su empresa este incremento de las medidas de seguridad se comenzó a aplicar ya hace un año, cuando se detectaron las situaciones antes señaladas.
La gravedad del problema no radica exclusivamente en las pérdidas que se están registrando, sino en los casos de agresiones de que han sido objeto algunos de los trabajadores de estos supermercados cuando han intentado impedir alguno de estos hurtos. Por ello, se han adoptado dos medidas: la primera, contratar vigilantes privados en aquellos establecimientos situados en las zonas más conflictivas. Y en segundo lugar, conseguir los servicios de gabinetes jurídicos para la tramitación de las correspondientes denuncias y la obtención de órdenes de alejamiento dictadas por algún juez contra los más reincidentes.
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