El grupo parlamentario del PSM-IV-ExM y Més per Menorca ha enviado hoy tres escritos al Defensor del Pueblo, el Instituto de la Mujer y el Institut Balear de la Dona pidiendo que se pronuncien sobre los cambios en la aplicación de la Ley del Aborto en las islas decididos por el Govern balear.
La diputada de la formación Fina Santiago ha denunciado que es "una vulneración del derecho al aborto" la decisión del Govern de que las mujeres que se quieran someter a una interrupción del embarazo, deban pagarlo y remitir después la factura al Govern, si no pueden practicárselo en un hospital privado y tiene que ir a una clínica privada.
El parlamentaria autonómica del PSM-IV-ExM y exconsellera de Asuntos Sociales ha dirigido una misma carta a la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano; la directora del Instituto de la Mujer, Teresa Blat, y la del Institut de la Dona, Manuela Messeguer, pidiendo que se pronuncien al respecto.
La diputada nacionalista considera que la decisión del Govern supone un incumplimiento de la Ley orgánica de Salud Sexual y Reproductiva, en lo que se refiere a la interrupción voluntaria del embarazo.
En la carta, Santiago detalla que desde este mes, las mujeres de Baleares que no pueden ser atendidas en la red pública sanitaria para una interrupción voluntaria del embarazo son derivadas a clínicas privadas con las que la Administración pública sanitaria (IB-Salut) no tiene concertadas dichas intervenciones.
"Las mujeres son derivadas con la información de que deben abonar la intervención, unos 380 euros, solicitar factura, entregarla al IB-Salut para que posteriormente se abone", señala la diputada, que advierte de que "este procedimiento atenta contra la igualdad de oportunidades" porque "no todas las mujeres están en condiciones de poder abonar esta cuantía.
Según Santiago, también atenta contra el derecho reconocido en la legislación vigente y dificulta la interrupción voluntaria del embarazo dentro de los tiempos establecidos por la ley.
