Aurora Clinic, una de las tres clínicas privadas que tenían concertado con el Servei de Salut la realización de los abortos, confirmó ayer a este diario que desde el pasado lunes han pasado por sus instalaciones cinco mujeres derivadas por los hospitales públicos y que ninguna de ellas solicitó la factura que debería presentar después al departamento de prestaciones del Ib-salut para que le fuera reintegrado el importe.

La responsable de esta clínica dijo que sus precios son los mismos que abonará después el Govern a las pacientes (340 euros para una intervención con anestesia local y 440 para una con general o con la píldora abortiva RU), por la que éstas no tendrían que asumir una posible diferencia. También reveló que la Administración les adeuda más de cien mil euros por intervenciones realizadas antes de suprimirse el contrato.

Otra cuestión que colea es la de si el contrato con las privadas está realmente suspendido. El doctor Gerrit Bosma, copropietario del Centro Médico Aragón, otra de las clínicas concertadas en Palma, no lo entiende así: "No tienen motivos jurídicos para hacerlo. No hemos trabajado mal, nos deben dinero desde mayo y, ¿qué pasa con la compensación económica que nos deberían dar por las inversiones realizadas para asumir este servicio?", se preguntaba.