Parece claro que el Servei de Salut ha decidido recortar gastos en las prestaciones para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), garantizada por ley durante los primeras catorce semanas de la gestación sin tener que alegar ninguna causa, tal y como establece una norma en vigor desde el 5 de julio de 2010.
Y si la pasada semana se supo que el Govern ha decidido suspender la partida anual de 540.000 euros que se destinaba a la concertación de estas intervenciones con tres clínicas privadas, ayer el director asistencial del Ib-Salut, Joan Veny, aseguró que se debe “racionalizar” la prestación de este servicio incluido hasta ahora en la cartera que ofrecía la sanidad pública de Balears.
Veny fue un poco más allá y dijo que había que “reevaluar” la situación ya que no podía ser que “una mujer aborte hasta cinco veces en un mismo año”. Preguntado sobre si la anulación de esta concertación implicará que las jóvenes que quieran abortar se deban sufragar esta operación de su propio bolsillo a partir de enero, el director asistencial recalcó que “no hay intención de dejar de prestar esta asistencia en la sanidad pública”.
Según los últimos datos disponibles, los del ejercicio de 2009, de las 3.175 interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en esta comunidad, 3.012 se hicieron en clínicas privadas y el resto, 163, en los hospitales públicos.
Inquirido Veny sobre si iba a arbitrar algún tipo de medida para que la práctica de abortos se generalizase en los servicios de ginecología y obstetricia de los centros sanitarios públicos, se limitó a contestar enigmático que “se sabrá en un futuro”.
Dentro de las previsiones que manejaban los anteriores responsables de la conselleria de Salud para este año, se contemplaba la posibilidad de los hospitales públicos practicasen en 2011 hasta 600 abortos voluntarios -450 por voluntad expresa de la paciente y otros 150 de los considerados terapéuticos, esto es, por riesgo para la salud de la madre o malformaciones del feto-, aproximadamente uno de cada cinco que se realizan en esta comunidad.
Nina Parrón, presidenta del Consell de les Dones, órgano consultivo de la Administración, y miembro de la ejecutiva de la Associació de dones de les Illes Balears per a la Salut, señaló que la interrupción voluntaria del embarazo está avalada por una ley y que el Estado debe garantizar su cumplimiento. “Si quieren quitar estar prestación de las manos de las clínicas privadas, están en su derecho a hacerlo, pero igualmente deben dar la prestación”, recalcó.
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