La expresidenta de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado de Palma (Emaya) Cristina Cerdó ha sido detenida esta mañana por la Guardia Civil en la segunda fase de la operación Ossifar de supuesta corrupción en torno a Unió Mallorquina (UM) en la pasada legislatura, ha informado a Efe el instituto armado.
Cerdó, exconcejal de Medio Ambiente de Palma, está en libertad bajo una fianza de 300.000 euros por otra operación anticorrupción, el llamado 'caso Picnic', y ha sido trasladada a la Comandancia de la Guardia Civil de Palma, donde será interrogada a lo largo del día.
En esta operación se investiga una supuesta trama de corrupción vinculada a la empresa municipal durante el pasado mandato, cuando estaba controlada por UM.
Se indagan varios aspectos, como tratos de favor a empresas vinculadas a UM, compra de votos y la supuesta colocación de afines al partido nacionalista en un departamento "fantasma" de Emaya creado expresamente para pagarles con dinero público mientras trabajaban para la formación política.
Esta segunda fase de Ossifar se ha saldado ya con dos detenidos: Leonor Jiménez, una trabajadora de esta oficina "fantasma" de atención a la ciudadanía, y la propia Cerdó.
La Guardia Civil también ha tomado declaración como imputadas a tres personas, que son el alcalde de Porreres por Convergència per les Illes (partido heredero de la extinta UM), Bernat Bauçà; la exgerente de Emaya Malén Tortella (detenida ya en la primera fase) y Antonia Mascaró, consejera de la empresa Melchor Mascaró, según fuentes jurídicas.
Respecto al primer edil, que formó parte de la ejecutiva de UM y fue interrogado ayer, la Fiscalía Anticorrupción le imputa un delito de malversación al entender que se produjo un trato de favor por parte de Emaya al concesionario en el que trabaja como gerente.
Bauçà, defendido por Fernando Mateas, negó este aspecto y explicó que el concesionario, Motorisa S.A., no vendió nada directamente a Emaya sino que lo hizo a otra empresa llamada Seguridad y Limpiezas, cuyo propietario fue detenido en la primera parte de la operación.
Indicó que durante la legislatura pasada el concesionario vendió cuatro cabezas tractoras de camiones a Seguridad y Limpiezas, empresa que equipó los motores con carrocerías para vendérselos a su vez a Emaya.
El concesionario cobró 70.000 euros por cada uno de los motores, pero Seguridad y Limpiezas vendió los camiones a Emaya por 300.000 euros, un precio que los investigadores consideran excesivo.
El alcalde de Porreres explicó a los agentes que la venta se hizo por un precio ajustado y negó cualquier trato de favor, ya que, dijo, no sabía que eran para Emaya.
Aparte de a estos imputados, la Guardia Civil ha tomado ya declaración a una docena de testigos en el marco de esta operación, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción bajo las órdenes del Juzgado de Instrucción 2 de Palma.
Las detenciones e imputaciones derivan de la confesión que en la primera parte de la operación hizo el exresponsable de Medio Ambiente de Emaya Germán Chacártegui, quien decidió colaborar con la Fiscalía explicando las irregularidades que supuestamente se cometieron en la empresa pública.
En esa ocasión se investigó la compra en la legislatura pasada por parte de Emaya de unos contenedores soterrados a Seguridad y Limpiezas que supusieron un sobrecoste de entre 1,2 y 1,7 millones de euros frente a otras opciones más económicas.
Ese mes, la Guardia Civil detuvo como implicados a Chacártegui, Tortella y al administrador de Seguridad y Limpiezas, Juan Pocoví.
