Comparecía ante el Parlament para aclarar la reestructuración de las empresas públicas, aunque aclarar no aclaró gran cosa. El vicepresidente y conseller de Economía, José Ignacio Aguiló, se limitó a repetir los datos ya expuestos por el president Bauzá hace un mes, cuando el Govern hizo público el que probablemente es su paso más audaz hasta la fecha: la eliminación de 92 empresas públicas, muchas de ellas sin función, plantilla, ni sentido, para ahorrar 115 millones de euros al año. Por el camino se pierden 800 puestos de trabajo, dijeron entonces el president Bauzá y el hombre encargado de dirigir la poda del llamado sector público instrumental, Joaquín García. Ayer Aguiló repitió los datos e incorporó dos matices, que dan título a esta información: la eliminación de 800 empleos en las empresas públicas no sanitarias se completará en menos de un año y las salidas de trabajadores no se harán por la vía del despido.
O, más exactamente, el vicepresidente afirmó que las salidas no se harán por la vía del despido exclusivamente. Están trabajando, dijo, para que ese tijeretazo que priva de nómina a uno de cada cinco trabajadores de las empresas públicas (el 22%, 800 de 3.500 que hay), implique "el mínimo número de despidos posible". ¿Cómo? "Habrá jubilaciones anticipadas, bajas incentivadas, contratos temporales que no se renovarán, comisiones de servicio que se suprimirán, y también habrá plazas replicadas en distintas empresas que se suprimirán en la reestructuración", enumeraba Aguiló, que ofrecía el ejemplo de los servicios de recursos humanos de empresas públicas que ahora se fusionan, con lo que pasarán a tener un único departamento, por lo que sobrarán trabajadores y plazas.
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