Una multa que asciende a la cantidad de 2.190 euros es lo que tendrá que abonar un vecino de la localidad de Andratx que ayer se confesó culpable de un delito contra la ordenación del territorio, al construir una vivienda unifamiliar sobre un terreno protegido. El acusado, de 53 años de edad, se confesó culpable tras alcanzarse un acuerdo entre la fiscalía Anticorrupción, el abogado del Ayuntamiento de Andratx y el propio acusado. La pena se estable en seis meses de prisión, pero que se sustituye por la de 24 meses de multa a razón de seis euros diarios. El acusado no podrá durante seis meses ejercer una profesión que esté relacionada con la promoción o construcción de inmuebles. Además, tendrá que pagar de su bolsillo los gastos para demoler toda la obra ilegal que levantó en esta parcela protegida de Andratx.

El acusado era propietario, a través de una sociedad, de tres fincas ubicadas en este municipio. Los tres terrenos contaban con una protección de la ley de espacios naturales y, por tanto, no eran urbanizables. De hecho, debido al grado de protección de estos terrenos, era imposible autorizar la construcción de una vivienda sobre este solar, y mucho menos de una casa unifamiliar. La parcela carecía de una antigua casa que podría haberse restaurado. Solo había fragmentos de unos muros en ruinas sin cubiertas. Eran las ruinas de una construcción que hacía muchos años que se había destruido y de hecho no había constancia de que años antes hubiera sido una casa. Todas estas circunstancias no impidió al acusado iniciar la construcción de un chalé. Para ello actuó como propietario del solar, promotor y constructor.

En el año 2004, según ha confesado el acusado, comenzó la obra sin contar con licencia para ello. Aprovechó las ruinas para simular que reformaba una casa cuando lo que hacía era construir una nueva vivienda. Para disfrazar la ilegalidad pidió al Ayuntamiento una licencia de obra menor. Teóricamente iba a sustituir tejas rotas y colocar un aislante en el tejado. La licencia se le otorgó. Sin embargo, un agente de Medio Ambiente descubrió la ilegalidad. Un funcionario del Ayuntamiento inició los trámites para detener la obra y proceder a la sanción del promotor de la misma. En agosto de 2005 un inspector certificó que el acusado incluso había forrado de piedra la fachada de la casa sin autorización para ello.

Antes de la sanción el acusado buscó un ingeniero agrónomo para que le hiciera un proyecto de legalización, certificando que se trataba de una obra para un destino agrícola-ganadero.