Los secretarios generales de CC OO y UGT de Balears, Katiana Vicens y Lorenzo Bravo, advirtieron ayer al Govern de que le exigirán el cumplimiento "integral" de la ley de participación institucional, aprobada en marzo por el Parlament, que regula las relaciones de las organizaciones empresariales y sindicales con el Ejecutivo y su financiación. Bravo dejó claro que los sindicatos lucharán "por la vía jurídica" por sus derechos y que tienen una demanda "en la puerta del horno" contra el Govern, después de que el jueves el vicepresidente Económico, José Ignacio Aguiló, les anunciara la eliminación de las subvenciones a sindicatos y patronales en función de su representatividad y por participar en órganos de concertación social. Este recorte del Govern supone 1,5 millones de euros anuales.

Tras conocer las declaraciones de los dirigentes de CC OO y UGT, el portavoz del Govern, Rafael Bosch, mostró el "máximo respeto" ante las posibles demandas judiciales de los sindicatos, si bien dejó claro que las medidas del Ejecutivo tienen como objetivo "reconducir" una situación "muy complicada" de las arcas autonómicas. Agregó que algunos de los sindicatos y patronales afectados por la supresión de las ayudas han dicho que entienden la necesidad de "adoptar" estas medidas.

Junto a ello, Bosch culpó implícitamente a la gestión del anterior Govern de Francesc Antich de la necesidad de estos recortes. Como ejemplo, afirmó que el anterior Ejecutivo tramitó fuera de plazo la convocatoria de subvenciones para financiar programas de formación por parte de sindicatos y patronales. Esto, según dijo, ha puesto en peligro el cobro de 8 millones de euros de fondos europeos para pagar estos cursos que ya se han realizado, ya que el actual Govern tiene "problemas" para justificarlo ante la UE, lo que ha provocado un "agujero presupuestario". No obstante confió en que se pueda solucionar y se cobren estas partidas.

Por otro lado, aseguró que el Govern aprobará los presupuestos de 2012, aunque pueda ser con retraso al no disponer de los datos necesarios por parte del Gobierno central. En este sentido, admitió que el posible retraso en la aprobación de los presupuestos "podría influir" en las negociaciones del Govern con las entidades financieras para obtener créditos, si bien confió en que esto no ocurra y reiteró que estas negociaciones están ya en su "recta final".