­Los grupos de la oposición arremetieron con dureza contra el Govern por la medida que permitirá recuperar las 1.500 hectáreas de urbanizaciones paralizadas la pasada legislatura. Tanto el PSM como el PSOE acusaron al Ejecutivo de Bauzá de querer implantar el modelo de la "Mallorca del cemento de los años 80". Los dos grupos parlamentarios de la oposición anunciaron ayer que votarán en contra de esta nueva normativa urbanística que quiere poner en marcha el Govern antes de finalizar el año.

Gabriel Barceló, portavoz de la coalición del PSM, IV, ExM, calificó de "escándalo" la nueva ley que pretende aprobar el Ejecutivo de Bauzá: "Poco a poco estamos viendo el modelo económico que quiere implantar este Govern. Es el modelo especulativo de urbanizar y llenar Mallorca de cemento como en los años 80. Unicamente pretenden proteger los sectores económicos y consideramos escandaloso que quieran derogar una ley que daba una seguridad en nuestro modelo urbanístico y una protección de nuestro paisaje". Barceló recriminó que el PP quiera volver a "urbanizar la costa", ya que todos los complejos que fueron protegidos durante la pasada legislatura están en el litoral.

Desde el PSM mostraron sus reticencias a la posibilidad de dar facilidades para edificar dependencias agrícolas en suelo rústico. Recordaron que en Mallorca se han reconvertido muchos establos en chalés.

La portavoz socialista, Francina Armengol, anunció su total rechazo a las pretensiones del Govern. "A los recortes de derechos sociales, ahora unimos sacrificar nuestro territorio. Estropearán el futuro de nuestro turismo con estas urbanizaciones. El PP pretende aplicar las mismas recetas del cemento de los años 80 y es alucinante que solo piensen en ayudar a los promotores", indicó Armengol. Los socialistas se opondrán a la normativa cuando sea debatida en el Parlament.

La mayoría de las urbanizaciones desclasificadas en 2008 fueron motivo de manifestaciones y protestas del grupo ecologista GOB antes de ser paralizadas por el Pacto. Se recuerdan marchas reivindicativas en Cala Carbó de Pollença y más recientemente para salvar Cala Blanca y Monport en Andratx o ses Fontenelles en la Playa de Palma.

Esquerra Unida pidió ayer la movilización ciudadana para impedir que el PP vuelva a reactivar estos proyectos urbanísticos: "La derogación de estas leyes supone el mayor ataque a nuestro territorio desde que llegó la democracia a Balears", afirmaron.