Jaume Massot, el exdirector general de Ordenación del Territorio del Govern, se declaró ayer culpable de un delito de prevaricación urbanística y aceptó cumplir un año de prisión y otros ocho de inhabilitación especial. Sin embargo, a efectos prácticos esta condena no tiene ningún efecto, ya que se considera que el antiguo jefe del departamento urbanístico de Andratx ya la ha cumplido. Massot ya ha sido condenado a las penas máximas previstas para el delito continuado de prevaricación urbanística, por lo que la sentencia dictada ayer no le supondrá pasar más años en prisión.
No fue el único de los acusados de una de las piezas del caso Andratx que ayer se confesó culpable. La exconcejal de UM en Andratx, Maria Porcel, que fue la promotora de una casa ilegal en un terreno rústico, también se confesó culpable. Aceptó tres meses de prisión, que se sustituirán por una multa de 1.080 euros, más tres años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación urbanística.
Una pena más larga, que también se sustituirá por una multa de 7.300 euros, cumplirá el arquitecto Joaquín Ozonas, por diseñar la construcción de una vivienda conociendo que se trataba de una obra ilegal levantada sobre un solar rústico. El técnico también aceptó un año de inhabilitación para ejercer su profesión y se da la circunstancia que hace pocas semanas fue contratado por el ayuntamiento de Sóller.
El último de los acusado fue Jaume Gibert, el excelador de obras de Andratx, quien se confesó culpable de un delito urbanístico. Gibert, que ahora mismo está en prisión por la acumulación de condenadas por el caso Andratx, aceptó ayer pagar una multa de 1.200 euros por haber dictado un informe oficial en que daba legalidad a las obras ilegales que se habían construido.
El acuerdo entre la fiscalía Anticorrupción y los acusados evitó que el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma prolongara el juicio. Los jueces, que ya han juzgado varias de las piezas del caso Andratx, tenían que pronunciarse sobre una licencia que se otorgó a la exregidora de UM. Consiguió la autorización después de presentar un informe técnico falso, en el que decía que en el terreno había una antigua casa derruida. Con este permiso municipal, aprobado por Massot, se consiguió levantar una vivienda nueva de más de 300 metros de superficie.
