Gabriel Mestre, el celador del Consell de Mallorca que se encargaba del control de las obras de la carretera de Manacor, reconoció ayer ante la juez que la UTE pagó una serie de reformas que realizó en la finca de su propiedad. Sin embargo, el funcionario mantuvo que la realización de estas mejoras no supuso ningún coste económico al Consell de Mallorca, ya que los obreros que realizaban la carretera colocaron en su finca material inutilizable y cuyo único destino era ser arrojado al vertedero.

Mestre, defendido por el abogado Josep de Lluis, declaró ayer voluntariamente tras haber sido detenido en su momento en la primera fase de la operación Peaje. La fiscalía Anticorrupción le acusó de haber permitido que las empresas constructoras no cumplieran con los requisitos del proyecto a cambio de que se realizaran una serie de mejoras en su propiedad, que se sitúa en las inmediaciones del trazado de la carretera de Manacor.

El celador del Consell detalló que los directivos de la UTE le propusieron que dejara su propiedad para que los obreros se pudieran distraer durante los periodos de descanso jugando partidos de fútbol sala. Aceptó la propuesta. Una máquina entró en su finca y aplanó un solar. Después un camión le trasladó asfalto y se construyó una pista de futbito. Otro de los empresarios que participaba en la construcción de la carretera le colocó gratuitamente unas farolas para que se pudieran disputar encuentros también de noche.

Para Biel Mestre, estas mejoras en su casa no estaban relacionadas con el trato profesional que mantenía con los directivos de la UTE. Se trataba de favores mútuos por el grado de confianza que habían mantenido entre ambos durante los meses que se prolongó la construcción. Afirmó, al igual que ya hizo la semana pasada el exresponsable, que el asfalto que se instaló en su casa para construir la pista correspondía a una partida que se había desechado y, por tanto, no se podía instalar en la carretera. Se decidió que, en lugar de trasladar esta partida inservible a un vertedero especializado, se depositaría en su domicilio. Así el beneficio fue doble. Por una parte, se mejoraba la finca y por otra se evitaba el coste del traslado y tratamiento en un vertedero de este material sobrante.

También confirmó el celador que organizó dos fiestas nocturnas en su propiedad, en la que aparecieron los obreros y los directivos de las empresas que construían la carretera. No entró en detalles del menú, pero afirmó que la comida la financió la UTE, aunque no conocía el origen de los fondos. Explicó que él, como agradecimiento, contrató un grupo musical para que amenizara las fiestas y pagó el espectáculo con su dinero. Señaló también el celador que la comida de estas fiestas se encargó en un conocido restaurante situado junto a la carretera de Manacor, donde también se asfaltó un nuevo aparcamiento. No pudo afirmar si las constructoras habían abonado los gastos de esta fiesta. También se trató en la declaración la comunión de uno de sus hijos que organizó Mestre en su finca. Reconoció que el ágape lo encargó en el mismo restaurante y que no lo había pagado. La factura la abonó mucho después, cuando ya estaba imputado en el llamado caso Peaje. Sin embargo, negó que hubiera dado un trato de favor a este negocio de restauración al no denunciar que los obreros de la carretera le construyeran un nuevo aparcamiento. Dijo que no pagó la comida porque creía que era el regalo de comunión que le hacía el dueño del restaurante a su hijo.

También escuchó la juez el testimonio del perito que ha realizado un estudio de las obras que se han realizado en esta finca del celador, que las valora en unos 200.000 euros. Las defensas cuestionaron este peritaje.