El juzgado de instrucción número 8 de Palma ha vuelto a imponer una fianza de 300.000 euros a la exteniente de alcalde, Cristina Cerdó, de Unió Mallorquina, por su presunta responsabilidad en el llamado caso Picnic. Esta fianza había sido suspendida recientemente por la Audiencia de Palma al entender los jueces que el auto que había sido entregado a la defensa no estaba lo suficientemente motivado.

El tribunal de la Audiencia no anulaba la fianza, pero al declarar insuficiente el auto que había dictado el juez, a efectos prácticos la medida cautelar había quedado sin efecto. El día que Cristina Cerdó y su mano derecha en el Ayuntamiento de Palma, Paula Cortés, prestaron declaración ante el juez la investigación se encontraba bajo secreto sumarial. El juez de guardia aceptó la petición de la fiscalía Anticorrupción de imponer una fianza de 300.000 euros para Cerdó y de 100.000 para Paula Cortés, aunque después fue rebajada a 65.000 euros. El magistrado de guardia dictó dos autos. En el primero de ellos apenas llenaba dos folios y no hacía mención a las pruebas incriminatorias que él entendió que justificaban la imposición de esta medida cautelar. El auto se limitaba a señalar en su parte dispositiva la cifra de la fianza que debían depositar las dos imputadas. En el segundo auto, en cambio, el juez detallaba con pelos y señales las pruebas incriminatorias, y hacia una valoración de las declaraciones de los imputados y de los testigos. Al ser secreta la causa, el juez solo entregó a los abogados defensores el primero de los autos. El segundo solo lo facilitó a la fiscalía Anticorrupión, que representaba la única acusación.

Los abogados defensores, Ángel Aragón y José Manuel Valadés, acudieron a la Audiencia y se quejaron de la falta de motivación del auto, al no hacer referencia a las causas por las que se tomaban estas medidas contra sus respectivas clientes. Es más, los abogados querían que se concretaran los delitos de los que tenían que defenderse, pero el auto del juez no les facilitaba este trabajo.

El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia les dio la razón a los abogados y, por tanto, congeló la fianza hasta que el juzgado no dictara un nuevo auto. La juez ha cumplido las indicaciones de la Sala y ha facilitado a los abogados el mismo auto motivado que se escribió el día en el que las dos antiguas dirigentes del Ayuntamiento de Palma fueron puestas a disposición judicial. La juez ratifica la fianza que se impuso en su momento.

Fuentes jurídicas han señalado que este segundo auto también ha sido recurrido ante la Audiencia. En la primera ocasión el tribunal no entró en el fondo del caso y, por tanto, no analizó si las pruebas del caso Picnic justificaban la imposición de una medida cautelar tan elevada. Sin embargo, según señalaron fuentes jurídicas, en este segundo recurso el tribunal sí deberá entrar en el fondo.

El caso Picnic investiga la presunta trama organizada desde las áreas de gestión que dirigían los políticos de Unió Mallorquina en el Ayuntamiento para captar futuros votantes. Al parecer, la empresa municipal contrataba a personal próximo al partido para que realizara trabajos de concienciación medioambiental. Sin embargo, según el fiscal, estos empleados municipales lo que hacían era buscar futuros votantes.