El vicepresidente económico del Govern, Josep Ignasi Aguiló, ha asegurado hoy en el Parlament que el ejecutivo no recortará "ninguna" prestación social básica que reciben los ciudadanos, a pesar del ahorro que recoge el Plan de Saneamiento Autonómico para disminuir la deuda balear de 4.500 millones de euros.
El ejecutivo contempla disminuir el gasto en personal o ahorrar en consumo energético entre otras medidas, pero mantendrá los servicios públicos que presta a los ciudadanos en educación, sanidad y servicios sociales, aunque aplicará punto por punto el referido plan porque es necesario.
"Negar la realidad -ha aseverado Aguiló- solo nos conduce al desastre y cada uno, sindicatos y políticos, debemos asumir nuestro papel; no podemos huir de esta situación porque nos jugamos mucho en un asunto muy importante; necesitamos la ayuda de todos".
Aguiló ha aludido a que hay que poner "hilo a la aguja" para que administración pública pueda salir de esta crítica situación en la que se encuentran sus arcas y en la que el dinero que se debe a los proveedores alcanza los 1.104 millones de euros.
El conseller ha querido aclarar que si el pasado martes se manifestaron en Palma las entidades de Baleares que trabajan con personas discapacitadas se debe precisamente a la deuda que dejó el anterior ejecutivo autonómico y que ahora debe asumir y pagará el gobierno de José Ramón Bauzá.
En este contexto ha subrayado que el Govern en ningún caso renuncia y continuará reclamando al Estado los 260 millones de euros que le debe correspondientes al Fondo de Competitividad del año 2011.
Con ocasión de la comparecencia parlamentaria de Aguiló, el portavoz del PSM-IV-ExM, Biel Barceló, ha pedido al ejecutivo que continúe exigiendo esta cantidad porque es "muy grave" que no se haya percibido, al tiempo que le ha asegurado al conseller que en el sector educativo y sanitario la percepción es que habrá importantes recortes que conllevarán el empeoramiento de la atención a los ciudadanos.
También le ha solicitado que el Govern genere confianza y no alarmismo como en opinión de Barceló viene haciendo hasta ahora por su falta de claridad a la hora de dar a conocer las medidas que desarrollará.
El vicepresidente económico ha asistido hoy a la Cámara para explicar sus líneas de trabajo en estos cuatro años en materia de industria, energía, comercio y empresa.
Aguiló ha comentado las acciones que ya se han puesto en marcha o que se desarrollarán en breve y, en concreto, ha aludido a la Ley de Emprendedores para apoyar e impulsar las iniciativas de las micro, pequeñas y medianas empresas.
También se está preparando un proyecto de aceleración de las inversiones privadas que beneficie a las empresas de Baleares, nacionales en internacionales.
El vicepresidente ha concretado que hay unos 900 proyectos en tramitación en la Comisión Balear de Medio Ambiente, por lo que es necesario que la administración facilite su desbloqueo y desarrollo.
La energía, el incremento de la oferta y la disminución de sus precios, ha sido otra cuestión en la que ha incidido Aguiló, que también estima necesario desarrollar las energías renovables y el ahorro energético.
Además, el conseller ha informado de que su departamento está concluyendo una normativa para reducir el consumo de energía en la administración autonómica que supondrá un ahorro de 26 millones de euros en esta legislatura. Para ello, se centralizará las compras energéticas y se impulsarán actuaciones de ahorro entre los trabajadores.
Respecto al sector del comercio, el conseller ha avanzado que se reducirán las subvenciones y al mismo tiempo se ofrecerán más posibilidades de financiación pública.
En el turno de intervenciones de la oposición, la diputada socialista Isabel Oliver ha echado al conseller su falta de concreción en sus iniciativas, caso de cómo mejorará la seguridad jurídica o acelerará los trámites administrativos o ayudará al comercio y a la industria, y le ha pedido que consensúe sus acciones más importantes con el resto de partidos.
Desde el PSM-IV-ExM, Barceló ha aclarado que si existen muchos proyectos paralizados en la Comisión Balear de Medio Ambiente, gestionada por su partido en la pasada legislatura, es porque los promotores privados o los ayuntamientos no han presentado la documentación requerida y necesaria.
Barceló ha exigido al conseller que su apuesta por impulsar el sector privado no contemple en ningún caso la modificación de la actual normativa urbanística.
