Los sindicatos mayoritarios han convertido la manifestación en Palma con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente en una concurrida marcha contra los recortes en los servicios públicos y la precarización laboral a la que se han sumado casi 4.000 personas.

El acto reivindicativo había sido convocado por UGT, CCOO y STEI-i, a los que se han adherido otros sindicatos como ANPE y distintas organizaciones sociales, así como numerosos dirigentes de partidos de izquierdas a título personal.

La manifestación, encabezada por una pancarta con el lema "El trabajo decente no es un privilegio. El empleo y las personas, antes que nada", ha discurrido sin incidentes entre las plazas de España y de Cort de la capital balear.

Muchos de los carteles y pancartas que portaban los manifestantes, entre los que había una importante presencia de trabajadores del sector educativo, hacían referencia a las reducciones de personal y de recursos en los servicios públicos de sanidad y enseñanza anunciadas por el Govern de José Ramón Bauzá.

El secretario general de UGT, Lorenzo Bravo, ha recordado que la Jornada Mundial por el Trabajo Decente se celebra en España desde hace cuatro años en solidaridad con los trabajadores de países donde no se garantizan los derechos laborales y ha resaltado la paradoja de que los asalariados europeos estén sufriendo recortes de sus derechos con el pretexto de la crisis económica.

Las políticas aplicadas contra la crisis están haciendo mella en "la sanidad, la educación, las prestaciones sociales y los derechos de los trabajadores", algo de lo que tiene que tomar conciencia toda la sociedad, ha declarado el líder de UGT en Baleares.

"No queremos que la economía esté en manos de los grupos financieros y especuladores", ha recalcado Bravo, quien ha instado a la movilización en defensa de los servicios públicos y de los derechos laborales.

Katiana Vicens, secretaria general de CCOO en las islas, ha reprochado al Gobierno central y al Ejecutivo autonómico que traten de dilapidar los "derechos laborales y sociales" de la ciudadanía con "recortes en enseñanza, sanidad y servicios sociales"

"Pretenden privatizar servicios para que acabemos en un Estado del Bienestar de beneficencia, de servicios mínimos", ha asegurado Vicens antes del inicio de la marcha.

Para la dirigente sindical "hay otra salida de la crisis" alternativa a las políticas neoliberales que pasa por incrementar los ingresos de las administraciones con una reforma fiscal que grave a los que más tienen.

El secretario general del STEI-i, Biel Caldentey, ha acusado al Govern de atentar contra "el derecho a la educación pública y el derecho a una sanidad de calidad" pese a su mensaje en favor del mantenimiento del Estado del Bienestar.

"Amenazar con el despido a más de 1.000 personas (800 trabajadores de empresas públicas y unos 350 profesores interinos) no es una política para combatir el paro", ha subrayado Caldentey en referencia a las medidas del Govern de José Ramón Bauzá.