El jefe de servicio del departamento insular afirmó ayer al juez que desconocía que las empresas concesionarias de la recogida de residuos estaban pagando a una persona, Simón Galmés, para que controlara que se estaban cumpliendo las condiciones del contrato. Galmés cobraba una mensualidad de 9.000 euros y teóricamente debía facilitar informes periódicos al Consell sobre el trabajo que se hacía. El funcionario afirmó ayer que no tenía constancia de ningún informe realizado por esta persona, a la que no conocía personalmente. También afirmó que el otro funcionario del Consell al que teóricamente Galmés tenía que dar cuenta de lo que hacía, le confesó que tampoco sabía quién era. Se da la circunstancia de que este supuesto controlador, que se convirtió en el empleado mejor pagado del Consell, era militante de UM, partido que gestionaba el departamento insular de residuos.
