El president del Govern, José Ramón Bauzá, afirmó ayer que el catalán es lengua "cooficial" en Balears y sin embargo no se plantea "incumplir la ley", en respuesta a la reacción de la Generalitat de Cataluña tras la decisión del TSJC sobre la inmersión lingüística. "El castellano es nuestro idioma y el catalán es una lengua cooficial. En Balears también y no nos planteamos dejar de cumplir la ley. Si queremos ser España tenemos que cumplir la ley porque la ley es de todos", insistió el jefe del Ejecutivo balear. Bauzá efectuó estas declaraciones durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, en donde sostuvo que la sentencia sobre la lengua en el sistema educativo catalán "debe aplicarse" porque "Cataluña es España y España somos todos".
El Estatut d´Autonomia balear establece, en su artículo 4, que "la lengua catalana, propia de las Illes Balears, tendrá, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial" y que "las instituciones de les Illes Balears garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas". En lo que se refiere a la enseñanza, el artículo 35 del Estatut especifica que "la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva para la enseñanza de la lengua catalana, propia de las Illes Balears, de acuerdo con la tradición literaria autóctona" y que "normalizarla será un objetivo de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma".
En su intervención en Madrid, Bauzá resaltó su compromiso por impulsar en Balears las lenguas propias de cada isla y hacer por ellas "lo que no han hecho otros". "Tenemos nuestras modalidades lingüísticas y se ha tenido obcecación por favorecer el catalán, pero el estatuto tiene más artículos y uno de ellos dice que se potenciarán las modalidades lingüísticas propias", subrayó.
En concreto, el Estatut d´Autonomia balear establece sobre esta cuestión que "las modalidades insulares del catalán, de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, serán objeto de estudio y protección, sin perjuicio de la unidad de la lengua".
Posibles irregularidades
Bauzá se refirió también a la situación económica de Balears y sostuvo que si los miembros de su Govern encuentran irregularidades cometidas por el anterior Ejecutivo presidido por el socialista Francesc Antich, acudirán a la "Abogacía de la Comunidad Autónoma". Agregó que su objetivo "no es mirar debajo de las alfombras", pero que se han encontrado con una deuda de 4.500 millones de euros.
El president cifró el déficit en 1.104 millones, sin contabilizar las "facturas que hay en los cajones", por lo que dijo que la cifra total que debe el Govern asciende a 6.000 millones de euros para un presupuesto de 3.000 millones. A pesar de los datos, aseguró que Balears va a "superar" la crisis que está afectando duramente a las islas y que en su Govern serán "modélicos" actuando desde "el rigor y la responsabilidad". Agregó que, para ello, ha creado la Oficina de Control Presupuestario, ya que es necesario reducir la estructura de la administración pero también las empresas públicas, puesto que "para un millón de habitantes, hay más de 170".
Junto a ello, defendió el Plan de Estabilidad Económica elaborado por su Govern, del que resaltó "que no traslada la crisis a los ciudadanos, por ejemplo con subidas de impuestos" porque solventa un problema creado por los políticos. "Los políticos debemos dar la solución", aseguró. En este sentido, se mostró partidario de no subir los impuestos "a nadie" e incluso defendió la posibilidad de bajarlos, ya que "es como si en una habitación se sube el suelo y se baja el techo, cada vez hay menos capacidad de oxigenación".
El jefe del Ejecutivo balear consideró, además, que es preciso reducir el número de liberados sindicales y opinó que podría llegar a disminuirse hasta el 70 por ciento de los mismos porque los sindicatos también deben apretarse el cinturón como el resto de los ciudadanos.
