La amnistía aprobada por el Gobierno central para hacer aflorar el empleo sumergido se ha saldado con un estrepitoso fracaso en Balears. Durante los tres meses en que se ha mantenido en vigor, que concluyeron el pasado día 31 de julio, solo se ha regularizado la situación de 23 trabajadores isleños, y únicamente a dos de ellos se les ha ofrecido una contratación estable, según los datos facilitados por el servicio balear de ocupación (Soib). Estas cifras son calificadas de "ridículas" desde las organizaciones sindicales, e incluso fuentes de la Administración central no ocultan que los resultados obtenidos distan de ser los esperados.
Un aspecto a destacar es que los especialistas estiman que la economía sumergida en una Comunidad de servicios como la balear puede alcanzar tasas próximas al 20% de su Producto Interior Bruto, tal y como reconoció el anterior conseller de Hacienda, Carles Manera, lo que implica la existencia de miles de trabajadores ´en negro´. Pero los que se han regularizado son solo 23. Y ello pese a que los casos de fraude a la Seguridad Social descubiertos en Balears –mayoritariamente trabajadores que no son dados de alta y personas que desarrollan una actividad al mismo tiempo que cobran del paro– mantienen una evolución al alza. En los primeros siete meses de este año se han detectado en las islas 1.533 infracciones relacionadas con estas cuestiones, frente a las 1.372 del mismo periodo del pasado año.
El nulo éxito de la amnistía se hace aún más evidente si se analiza el tipo de contrato que se ha firmado a estas personas. Solo para dos de ellos tiene un carácter estable, aunque sin que suponga trabajar durante todo el año, al haber conseguido la categoría de fijos-discontinuos. Pero a los 21 restantes se les ha ofrecido "el peor contrato posible", según subrayan los sindicatos, como es el eventual por circunstancias de la producción a tiempo parcial. O lo que es lo mismo, de carácter temporal y unicamente para desarrollar unas pocas horas al día.
Sin sanciones
Esta amnistía en la regularización del empleo sumergido tiene como origen el real decreto-ley 5/2011 de 29 de abril aprobado por el Gobierno central, que contemplaba la supresión de las sanciones previstas en esta materia. Sin embargo, fuentes consultadas indicaron que el texto final mostró importantes modificaciones respecto a un plan más ambicioso diseñado desde la Dirección General de la Inspección de Trabajo, y que se fue recortando a lo largo de su tramitación.
El resultado final ha sido "un fracaso que estaba cantado", según coinciden en señalar el secretario de Acción Sindical de UGT en las islas, Manuel Pelarda, y el secretario general de USO-Balears, David Díaz. En otro punto en el que ambos coinciden es en que la única forma eficaz de combatir la economía sumergida es reforzando con más personal y medios los servicios de inspección fiscal y laboral. Pelarda lamentó que "en nuestro país nos guste vivir en el fango, y nuestras autoridades prefieren mirar hacia otro lado", y justificó esta afirmación recordando la escasez de personal que se registra con carácter habitual en todos los servicios de inspección estatales y autonómicos.
En su opinión, esta dejación a la hora de realizar controles se inició durante la presidencia de José María Aznar (PP) y se ha mantenido durante la de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), y reclamó a las Administraciones que "de una vez se quiten el guante de seda para ponerse el de acero" a la hora de atacar la economía sumergida.
Díaz recordó que la regularización supone un aumento de los costes para las empresas, por lo que en su opinión el empleo ´en negro´ solo aflorará de la mano de las inspecciones.
Desde el Ejecutivo balear no se hicieron valoraciones, alegando la ausencia de varios de sus responsables vinculados a estas materias, y tampoco desde la Delegación del Gobierno.
