El Govern de José Ramón Bauzá tiene previsto recuperar el convenio que mantenía con los registradores de la propiedad de Balears para que estos recauden los impuestos de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos y sucesiones, un acuerdo que el anterior Ejecutivo del Pacto suspendió por resultar extraordinariamente oneroso y ante las deficiencias detectadas en el servicio. En concreto, se pagaban 7,5 millones de euros anuales a nueve despachos de registradores.

La recuperación de estas oficinas liquidadoras fue abordada durante la reunión que Bauzá mantuvo a principios de julio con los responsables del Colegio de Registradores de la Propiedad Mercantil y Bienes Inmuebles de las islas, entre los que estaba su decana, Silvia Núñez, como quedó recogido en el comunicado de prensa que el Ejecutivo autonómico emitió posteriormente.

Tanto la vicepresidencia económica del Govern como la propia Silvia Núñez han confirmado que en estos momentos está siendo analizada la recuperación de esta "colaboración", aunque sin que se haya cuantificado la cantidad económica que el Ejecutivo deberá abonar por ella en esta ocasión.

Porque a cambio de recaudar esos impuestos, los registradores obtenían en 2007 la cantidad de 7,5 millones de euros, aunque el Govern del Pacto obligó a reducir esa cifra hasta los cuatro millones (3,2 millones fijos y 800.000 euros dependiendo de objetivos) durante 2008 y 2009, para decidir suprimir el convenio en 2010.

Una decisión que se saldó con excelentes resultados, según recuerda la que fuera directora de la Agencia Tributaria de Balears durante la pasada legislatura, Maria Antònia Truyols. En 2010, el ministerio de Economía declaró Balears como la primera autonomía en eficiencia recaudadora y la cuarta en eficiencia inspectora, cuando durante los años de colaboración con los registradores las islas se habían mantenido entre los puestos de cola.

La primera autonomía en apartar a los registradores de estas funciones fue Asturias, y Balears ha secundado esta iniciativa. Para ello, se ha dotado a la plantilla de la agencia tributaria autonómica del personal necesario para realizar este trabajo. Por ello, Truyols no dudó en considerar incomprensible el que ahora se pueda plantear la reapertura de las citadas oficinas recaudadoras, al contar ya la Comunitat Autònoma con personal propio. A principios de este año, el propio exconseller de Economía, Carles Manera, se felicitó por el ahorro conseguido con esa decisión.

Acusaciones mutuas

Pese a lo expuesto, la decana de los registradores recordó que, desde 1861, éstos colaboran en la recaudación de tributos y afirmó que el hecho de haber apartado a este colectivo de estas tareas ha supuesto una pérdida de calidad en el servicio, con miles de expedientes pendientes de liquidación. Además, aseguró que la atención al público se ha degradado desde entonces.

Por contra, fuentes de la Agencia Tributaria de las islas aseguran que el "descontrol" que se encontraron al asumir esas funciones fue enorme, hasta el punto de afirmar que los registradores aplicaron tipos diferentes en la carga impositiva dependiendo de la oficina en la que se liquidara el impuesto.