Eugenio Losada, el ex gerente de Cilma, el consorcio público de informática del Consell, que fue detenido por recibir un soborno para manipular un concurso, decidió tirar de la manta. No solo confesó los hechos para evitar ir a prisión, sino que dio un paso más y facilitó un listado, con más de 30 nombres, en el que figuran las personas que presuntamente habían sido contratadas por el Consell de Mallorca para trabajar en esta empresa pública, pero que nunca habían pisado la oficina. Eran los trabajadores fantasma, que estuvieron cobrando un sueldo público cuando, en realidad, realizaban labores para Unió Mallorquina.

Esta semana han sido nueve las personas de dicha lista que han declarado ante la juez Carmen Abrines. Salvo una de ellas, que alabó su trabajo en el consorcio a pesar de que no tenía ni idea de informática, el resto ha reconocido que realizó trabajos para UM bajo un contrato suscrito por Cilma.

De momento, la juez ha podido constatar que la extinta formación regionalista creó una especie de red electoral que se financió, presuntamente, con fondos públicos. Una red que pudo dar sus resultados electorales, ya que UM consiguió tener la llave de la gobernabilidad de Balears. La hoy desaparecida formación decidió hace cuatro años qué partido había de gobernar las islas y se decantó por reeditar el Pacto de Progreso, a cambio de dirigir varios de los departamentos políticos.

Durante esta primera semana de declaración de los imputados, ya han aparecido los nombres de varios de los políticos más destacados de Unió Mallorquina. Se ha mencionado a Miquel Nadal, que medió para que una mujer que trabajaba como restauradora en el museo de San Carlos, de propiedad militar, continuara en el puesto pero con un contrato con Cilma. También salió a colación el nombre de Josep Lliteras, que ocupó un cargo de director general para el Govern, y que supustamente contrató a un cantante de tangos sin conocimientos informáticos para que se dedicara a realizar encuestas callejeras.

Y no eran preguntas cuyas respuestas fueran de utilidad para el Consell: Eran sondeos electorales, puros y duros. Así lo afirmó ante la juez, y en presencia del fiscal anticorrupción, una de las empleadas contratadas por Cilma.

Palma, objetivo central

La red electoral se extendió, sobre todo, por los barrios de Palma. Las encuestas servían para calibrar el nivel de aceptación que tenía UM en cada zona de la ciudad. Cuando estos estudios detectaban la presencia de posibles votantes, automáticamente se organizaba un evento lúdico, pagado también por el Consell, que no era más que un acto electoral encubierto.

También ha aparecido en las declaraciones María José Rodríguez, la ex alto cargo del Govern que quiso recuperar las siglas del partido cuando casi todos los afiliados decidieron abandonar la militancia ante la aparición de tantos casos de corrupción. Una mujer, cuya madre era amiga de Rodríguez, declaró que fue contratada como empleada de Cilma, pero que ella se dedicó a la atención de ancianos del barrio palmesano de Santa Catalina. Ahora bien, ella se presentaba no como empleada del Consell, sino como trabajadora de UM. El objetivo era que el anciano con necesidades relacionara la atención que recibía con el partido para que después le votara. Rodríguez se ha desmarcado de toda esta trama.