La conselleria de Administraciones Públicas ya ha iniciado los trámites para eliminar el conocimiento del catalán como requisito de acceso a la función pública. Así no será necesario acreditar un nivel determinado de lengua catalana para conseguir un puesto de trabajo en la administración pública. A partir de ahora, el conocimiento del catalán será valorado como un mérito y sí se exigirá para promocionar o ascender en la carrera profesional.
Así lo informó ayer el Govern a través de un comunicado en el que se anunciaba que la mencionada Conselleria ya ha empezado a dar los primeros pasos para cambiar la Ley de Función Pública 3/2007. Según esta modificación, que se ha de tramitar en el Parlamento una vez que se apruebe en el Consejo de Gobierno, las personas que accedan a la administración pública tendrán a su disposición cursos de formación para "aprender el catalán o mejorarlo en todos su niveles", para que tengan así la opción de promocionar. El objetivo es, reza el comunicado, "conjugar el derecho del funcionario a acceder a la administración con el derecho de ofrecer servicios a los ciudadanos en las dos lenguas cooficiales". De momento, el borrador del anteproyecto de ley se ha pasado en la fase de audiencia a las conselleries, Consells insulares, la Federación de Entidades Locales (FELIB), organizaciones sindicales y otras. Todas estas instituciones tienen un plazo de 15 días para hacer sugerencias al texto si así lo consideran.
Rechazo sindical
Las reacciones no se han hecho esperar. El sindicato STEI-i advirtió ayer mismo que tomará "todas las medidas necesarias" para combatir el anteproyecto de ley que pretende suprimir el catalán como requisito para el acceso a la función pública, al que califica como "el ataque más grave contra la lengua catalana" desde que se instauró la democracia.
El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de las Islas (STEI-i) define esta propuesta como "un misil en la línea de flotación de la identidad colectiva de Balears y la cohesión social del país".
En un comunicado, la intersindical definió como "sintomático" el hecho de que ésta sea una de las primeras medida tomada por el Ejecutivo de Bauzá y recordó que en 2003 el ´Decreto Rodríguez´ ya rebajó los niveles de catalán para acceder a la función pública.
El STEI-i considera esta medida como un intento de "arrinconar la lengua propia de Baleares" y recordó al PP que el haber logrado la mayoría absoluta en las últimas elecciones no justifica la ruptura de la Ley de Normalización Lingüística de los últimos 25 años, ni el intento del Govern de eliminar la lengua catalana de la Administración.
