El nuevo Govern del Partido Popular (PP) ha limitado al mínimo su intervención como acusación particular en el rosario de sumarios de corrupción, donde se presume que las arcas autonómicas perdieron millones de euros con las supuestas malversaciones y otros delitos. La abogacía de la Comunidad Autónoma ha dejado de asistir a las declaraciones de imputados y sigue el curso de las causas a distancia.
En medios jurídicos y políticos se especuló con la posibilidad de que el Govern de José Ramón Bauzá decidiese renunciar a ser acusación particular en causas de corrupción, donde están imputados destacados ex dirigentes del Partido Popular, así como antiguos cargos de Unió Mallorquina (UM).
Sin embargo, ese abandono de las acusaciones populares no se ha producido, de momento.
Lo que sí se está notando es un claro enfriamiento de la actividad acusadora de la Abogacía del Govern.
Durante toda la pasada legislatura, y hasta poco antes del cambio de Ejecutivo, los servicios jurídicos autonómicos han desempeñado un claro papel impulsor de los procesos contra supuestas tramas de corrupción.
Los abogados del Govern han trabajado, codo con codo, con la fiscalía anticorrupción. También letrados externos, contratados puntualmente por las distintas consellerias, han colaborado en la redacción de denuncias o en la investigación de otros supuestos desvíos de fondos públicos.
La fianza de Matas
En la pasada legislatura la Abogacía del Govern ha procurado no perderse ni una sola declaración de imputados y ha participado activamente en los interrogatorios y vistillas. Las dos acusaciones han coincidido casi al cien por cien en las posturas procesales en relación a los imputados, acusados o a la hora de reclamar, o no, medidas cautelares.
Esta sintonía se diluyó después de las elecciones de mayo. Empero, antes de la entrada del nuevo Govern, ya hubo un precedente, cuando la cúpula de los servicios jurídicos autonómicos pidió el sobreseimiento del caso Ópera, una pieza separada del sumario Palma Arena.
Con el PP al frente de las instituciones autonómicas se ha roto la convergencia entre la fiscalía anticorrupción y la acusación particular en nombre del Govern.
De hecho, las dos acusaciones estuvieron de acuerdo, en marzo del 2010, en pedir tres millones de euros de fianza para que el expresident del Govern Jaume Matas pudiera eludir su ingreso en prisión, por el rosario de delitos que se le imputan en el Palma Arena.
El juez Castro adoptó esa fianza, que Matas depositó en efectivo y en un tiempo record. Desde entonces el expresident del Govern del PP ha venido reclamando una sensible rebaja de la fianza, que obtuvo mediante un préstamo bancario personal, cuyos intereses no ha podido pagar. De hecho, el Banco de Valencia ha instado a un juzgado palmesano la ejecución de las hipotecas sobre varias propiedades de Matas, su madre y su hermana. Frente a los recursos de Matas, las dos acusaciones se mantuvieron firmes: no procedía rebajar la fianza. Ahora, la abogacía del Govern no ha querido pronunciarse sobre si conviene o no mantener los 3 millones, mientras que la fiscalía insiste en la oportunidad de la medida.
Rosa Estarás
En 2003-2007, el Govern ya se retiró como acusación en sumarios de presunta corrupción, como uno relativo al albergue de La Victoria y con Rosa Estarás como sospechosa. No obstante, lo normal, es que la abogacía de la Comunidad Autónoma mantenga idéntica postura hasta el final.
