Perder la silla puede continuar siendo un chollo para algunos. Los funcionarios que han ostentado un alto cargo en el Govern o el Consell tienen derecho a percibir un complemento en su sueldo de por vida cuando son destituidos y se reincorporan a sus antiguos puestos de trabajo, en torno a los 16.100 euros anuales, con catorce pagas. Se trata de una prebenda que en Balears se aplica aproximadamente desde los años 90 y que una ley aprobada por el Govern de Jaume Matas en 2007, poco antes de ser desalojado del poder, pasó a regular con detalle, haciéndola además extensiva a otros muchos casos.

A falta de conocer aún las cifras exactas, distintas fuentes de la administración insular y autonómica calculan que con la llegada del PP, entre 30 y 40 ex altos cargos de los gobiernos de izquierda se beneficiarán ahora de esta medida, repartidos a partes iguales entre el Govern y el Consell.

Los funcionarios de carrera de la Administración de la Comunidad Autónoma de Balears o de las entidades públicas que dependen de la misma, así como el personal estatutario al servicio de la sanidad pública autonómica, que se reincorporen al servicio activo después de haber ocupado durante dos años continuados (o tres con interrupción) un alto cargo de carácter político, cobrarán ahora esta retribución si así lo solicitan. Su cuantía mensual se calcula por la diferencia entre su complemento de destino consolidado en la escala funcionarial, según su nivel y categoría, y el complemento de destino que la Ley de presupuestos generales del Estado fija anualmente para los directores generales de la Administración del Estado, en torno a los 1.150 euros brutos mensuales.

Beneficiarios

Pueden beneficiarse de este complemento aquellos funcionarios que hayan desempeñado el cargo de presidente del Govern, vicepresidente o conseller; director general, secretario general de una conselleria, presidente o gerente de las empresas públicas o de los consorcios con participación mayoritaria del Govern o de los Consells; presidente, vicepresidente, conseller ejecutivo o secretario técnico de los Consells, así como director insular.

La cuantía de esta retribución vitalicia es oscilante. Así, un funcionario del nivel más bajo (en teoría, el 0, pero en la práctica, el 12), por ejemplo un ordenanza, que haya sido director general del Govern, director insular del Consell o gerente de un consorcio, una vez cese en el cargo y regrese a su puesto de trabajo inicial pasará a cobrar la diferencia respecto al nivel más alto, el 30, lo que puede suponerle entre 700 y 800 euros más al mes, hasta completar los mencionados 1.150 euros mensuales. Así, hasta su jubilación. En cambio, en el caso de un profesor de Secundaria (nivel 21 o 22, por lo general) la diferencia de grado es inferior, con lo que el complemento será aproximadamente la mitad del ejemplo antes citado.

De hecho, entre los funcionarios se conoce en tono burlesco a este complemento para los ex altos cargos como "el nivel 33", que no existe en la escala, ya que el máximo es el 30. De este modo se hace hincapié en los amplios beneficios que comporta. La prebenda se implantó para los diputados del Congreso en los años 80, popularizándose a partir de los 90 y extendiéndose al resto de administraciones en las autonomías.

En el caso de Balears, según fuentes de Función Pública es la única Comunidad de toda España que también incluye un complemento de sueldo para el personal laboral fijo de la administración autonómica y de las empresas públicas, si bien éste se calcula con un procedimiento distinto. Esta retribución la incorporó el ex conseller de Función Pública, José María Rodríguez –actualmente senador autonómico– en la ley del mismo nombre de febrero de 2007, aunque afecta a muy pocas personas.

La misma normativa hizo extensivo el cobro de este complemento a todos aquellos funcionarios que habían sido cargos políticos a partir del 13 de junio de 1978, con carácter retroactivo.

Los alcaldes también consolidan

Otros beneficiados por este complemento son los alcaldes que han tenido dedicación exclusiva y son funcionarios de carrera. Ello ha supuesto un beneficio a alcaldes de pueblos pequeños, como Llubí, Mancor o Escorca, que han consolidado un plus gracias a que también Rodríguez impuso que el Govern les pagara la nómina.

La consolidación exprés del llamado complemento de destino viene siendo utilizado por los partidos de todos los signos para recompensar a sus fieles la dedicación a la política. En una Comunidad donde una gran parte de los cargos públicos procede del funcionariado, muchos aceptan pasar un tiempo por la política conscientes de que al cabo de dos años, o tres con interrupción, pasarán a cobrar unos 16.100 euros más al año, o lo que es lo mismo, unos 1.200 euros más al mes, en catorce pagas, para el resto de su vida laboral activa.

A día de hoy, los sindicatos dicen desconocer la cifra total de funcionarios que perciben esta retribución: "Llevamos siete legislaturas, y ahora otro grupo de personas, no sabemos cuántas, volverán a consolidar el derecho a este complemento de destino. Nos gustaría saber realmente el coste que ello supone, y cuántas personas se benefician", señalan desde el sindicato USO, que pide la suspensión del famoso nivel 33.