El Govern paga por estudios que pueden hacer los funcionarios

La adjudicación y el informe (que no se ha hecho público) le costaron a todos los baleares 108.000 euros, confirman fuentes técnicas del Govern, que dicen más: "Ese informe lo podríamos haber realizado nosotros sin más cargo para las cuentas públicas que las horas que invirtiéramos". De la misma opinión es el propio exconseller de Economía Carles Manera, que responde con un escueto "sí" a la pregunta: ¿Podrían sus técnicos haber elaborado sin apenas coste ese informe que costó 108.000 euros? Al "sí" sigue un revelador silencio, que contrasta con la respuesta oficial que dieron los portavoces de Vivienda, que esgrimen "la gran complejidad" del informe para justificar su encargo.

"Eso es falso, no es más complejo que otros trabajos que se hacen", rechaza un economista de la comunidad, que asegura que aunque el informe no se hubiera elaborado en la casa, habría sido "fácil" encontrar equipos técnicos en Mallorca que lo entregasen "por mucho menos de 5.000 euros". "No hay que irse a Madrid. Bastaría recurrir a la universidad. Pero no le des más vueltas: ese tipo de informes y adjudicaciones externas que no vienen a cuento son parte del día a día del Govern. Y no me refiero al último: fueron típicas en el de Antich, por supuesto en el de Matas y probablemente se repetirán con el de Bauzá", apunta el economista, curado de espanto tras años de servicio en una comunidad autónoma cuyas empresas públicas se saltan sistemáticamente las leyes que regulan la adjudicación.

Queda claro en los informes de la Sindicatura de Comptes. En las últimas auditorias realizadas, correspondientes a los años 2006, 2007, 2008 y 2009, cuesta encontrar un solo ente que no se haya saltado a la torera los principios de publicidad y concurrencia en la adjudicación de contratos. O que no haya recurrido a la fragmentación de contratos en importes de menos de 18.000 euros, que permiten adjudicar casi a dedo en vez de recurrir al concurso. Pese a que esa práctica tiene a altos cargos de Matas en los tribunales acusados de corrupción, el Govern Antich siguió sus pasos y continuó adaptando contratos a las necesidades de la adjudicación a dedo pagada con fondos públicos.

Te adjudico y luego me fichas

Matas utilizó el invento para casi todo. Así contrató a periodistas a sueldo para que le escribiesen los discursos y así encargó informes técnicos triviales a empresas como la que le fichó por una jugosa cifra en dólares cuando perdió el poder en 2007: PriceWaterHouseCoopers. De ahí que funcionarios de carrera se consideren "ninguneados" por los gobiernos que en Balears han sido. Y de ahí que adviertan de que las empresas "son en realidad el subterfugio perfecto para saltarse los controles y evitar a funcionarios que se niegan a incumplir la ley, por mucho que las vendan como instrumentos para agilizar el funcionamiento".

Quien así habla es un técnico de medioambiente con más de quince años de carrera a sus espaldas, que lo resume con contundencia: "Un Govern al final hace lo que quiere: si los funcionarios nos negamos a firmar algo que consideramos inaceptable porque vulnera la normativa, se encarga fuera y arreglado. Ha ocurrido mil veces". Así se vivieron episodios como aquel en el que el exconseller Fiol llegó a presionar a arquitectos públicos para que afirmasen que la ópera que el president Matas quería hacer en la bahía de Palma solo estaba al alcance del talento superior del arquitecto Santiago Calatrava. Los técnicos cedieron y justificaron la adjudicación a dedo del proyecto nunca ejecutado que le costó a Balears 1,2 millones.

Se saltan la ley

Aunque el campeón de la fragmentación y manipulación de contratos no fue el último en recurrir a tales subterfugios . Todavía en 2009, con Matas de camino a los juzgados, las irregularidades en la adjudicación afectan a un total de 34 de las 77 empresas públicas de las que hay informe de cumplimiento de la legalidad (sobre un total de 166).

Entre ellas están algunas de las más importantes. Sólo brilla por su ausencia la que más dinero adjudica, la ferroviaria SFM. Pero figuran casi todas las demás: Inestur, Ibavi, el IDI, Abaqua, Ibatur, Ibanat, Ports, la Agencia de Cooperación, Fires, Semilla, CAIB Patrimoni, Sitibsa (la que hace las cartografías), Ibabsa (veterinaria), Bitel (comunicación), Emergencias, Multimedia IB, s´Estel (servicios sociales), Turisme Jove, Balears Sostenible, Balears per la Música, Aprop, el Cofuc, el Palacio de Congresos, el gigante sanitario Gesma, las fundaciones hospitalarias de Manacor y Son Llàtzer y los tres grandes entes que forman IB3 (la matriz, y sus ramificaciones para televisión y radio).

El caso de Vivienda y los 108.000 euros que pagó a la asesoría madrileña AFI es de este modo paradigmático, pero hay más. Muchos más. Cientos. "Mira las memorias y verás detallados los gastos en asesorías externas. La mayoría son innecesarios", aconseja un técnico de Hacienda, que da en el clavo: en todas las grandes empresas aparecen partidas dedicadas a trabajos externos. Los sindicatos denuncian por ejemplo situaciones como la que se dio durante tres años en Ibanat (en la legislatura Antich) y en Espais de Natura,. Las dos empresas hermanas dedicadas a la extinción de incendios y el cuidado de parques protegidos adjudicaron a una asesoría contable externa la elaboración de las nóminas de la plantilla. "Está denunciado. Pagaban 42.000 euros al año por un servicio que podría haber hecho la gente de personal de las propias empresas o incluso el servicio de nóminas de la comunidad", detalla Jordi Rivas, de UGT, que lamenta además que esta práctica se diera en una de las empresas que peor paga (hay bomberos que se la juegan por 900 euros).

El ejemplo es descriptivo, aunque no es más que una gota en el océano. En los informes de la Sindicatura de Comptes se detallan operaciones más gruesas igualmente injustificadas. El propio Ibavi que el exconseller Carbonero pagó por fusionar sumaba en 2009 un total de tres operaciones de más de 150.000 euros adjudicadas sin informe previo. En otras como Ibatur se acumulan las irregularidades: con la Fiscalía buceando en los desmanes de tiempos de Matas, en el año 2009 aún se dieron contratos de más de 150.000 euros sin informe. Ports de Balears, a su vez, se abrazaba ese año a la extendidísima práctica de incumplir la ley por la vía de fraccionar contratos. No fue la única, según la Sindicatura de Comptes. Hicieron lo mismo en Ibatur, Abaqua, Fires, Semilla, Parc Bit, Bitel, Multimedia IB y los tres entes que sostienen IB3.

Usan la empresa como quieren

Y cuando no se fraccionan los contratos, se pierden expedientes (como ocurre en alguna adjudicación del Palacio de Congresos), o se prorrogan sin justificar contratos menores, estrategia tan recurrente que las empresas que abonadas a ella rozan la veintena. Menos frecuente pero igualmente actual es otra irregularidad del gusto de Matas: utilizar empresas públicas para trabajos que nada tienen que ver con su objetivo social. El caso más conocido es el del expediente del citado caso Ópera, ya saben: utilizar una empresa dedicada a la reparación de institutos y colegios (Ibisec) para apoquinar en la isla de las aulas prefabricadas un proyecto tan poco escolar como la ópera de Matas y Calatrava. Al mismo modelo de irregularidad se ciñe la detectada por los auditores en Illesport en 2009: la construcción de un parking por una empresa que se dedica a la promoción del deporte. Claro que esto es Mallorca, la isla que tiene un velódromo que costó más de 120 millones de euros y se usa para todo menos para el ciclismo .

"Nos ahogan"

Aunque algunas cosas han cambiado desde Matas y el Palma Arena. La conselleria de Economía de Manera trató de poner puertas al campo e impulsó medidas que le generaron no pocas luchas internas. Las dos tienen que ver con el control de lo que hacen las empresas públicas, a las que Manera impuso un control nuevo: todas las adjudicaciones de más de 500.000 euros tienen que pasar por el Consell de Govern. Es decir, sin el visto bueno del Govrn no se autorizan. En esa línea va la inclusión de miembros del equipo de Economía en todos los consejos de administración, que se enteran así de todas las operaciones que se autorizan.

Eso no evitó que Vivienda adjudicase por 108.000 euros el informe de la fusión de Ibavi, Ibisec y CAIB Patrimoni que podría haber hecho el propio equipo de Manera, pero al menos no pilló por sorpresa a los responsables de las cuentas. "Todas estas medidas generaron grandes tensiones con nosotros, con Hacienda, pero era fundamental establecer controles para evitar que las empresas se lanzasen a aventuras en créditos y operaciones que luego acaba pagando la comunidad", explica Manera, que le quita hierro a las irregularidades detectadas por la Sindicatura de Comptes: "Los síndicos son muy severos. La inmensa mayoría de los hechos que destacan están alegados y explicados", zanja el exconseller. En este punto cuenta con el respaldo de sindicatos como UGT, en el que afirman que Manera y su equipo evitaron excesos de épocas anteriores: "Tanto que en algunas empresas los gerentes se quejaban muchísimo por las enormes limitaciones y la cantidad de controles que les imponía desde Economía". "Nos ahogaban", corrobora un exgerente afín al propio PSIB de Antich, que considera que "se pecó de exceso". "El sentido de la empresa pública es trabajar con más agilidad, pero no se puede ser ágil con tanto control", argumenta, quizá olvidando que fueron el descontrol y la agilidad de algunos los que convirtieron a Balears en la comunidad con más casos de corrupción abiertos.