El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional arrestó ayer en Palma a Ángel Matías, director de la Autoritat Portuària de Balears (APB), y a Javier Aguado, un antiguo funcionario de ese organismo, acusados de cobrar sobornos de un empresario catalán, también detenido, por unos informes poco útiles. Las detenciones, y otros dos arrestos, se efectuaron dentro de una nueva pieza secreta del caso Mar Blau, una presunta trama de corrupción en torno a dos concursos de la APB sobre codiciados amarres en Maó e Eivissa.
Los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán y el juez de instrucción 8, Antoni Rotger, desataron ayer la segunda fase de la Operación Mar Blau. A diferencia de la primera (junio del año pasado), donde únicamente se practicaron registros en Palma y Maó, pero no se hicieron detenciones, ayer los investigadores arrestaron al número dos de la APB y a Aguado, un ingeniero que durante años fue un estrecho colaborador suyo y defendido por Validivia-Campaner. También fue conducido a dependencias policiales en Barcelona un empresario, cuyo domicilio se registró por la mañana. Este imputado quedó después libre.
En Palma fue arrestado un cuarto imputado, que fue trasladado a Comisaría.
Detenidos en Palma
Anoche permanecían en los calabozos de la Jefatura de Palma los tres detenidos, Matías, Aguado y una tercera persona. En Mallorca también se llevaron a cabo dos registros domiciliarios, uno e casa de Aguado, en busca de documentos en soporte papel o informático sobre las presuntas corruptelas.
Anticorrupción sospecha que Matías, defendido por Josep Zaforteza, habría incurrido en malversación de caudales al desviar fondos públicos para fines sin interés general. El director de la Autoritat Portuària también podría haber cobrado comisiones del autor de los informes sospechosos.
Otro de los cargos contra los imputados en esta pieza separada y secreta de Mar Blau es el de compincharse para amañar los contratos públicos sobre los informes. Los investigadores empezaron ayer por la tarde a analizar los documentos intervenidos y a preparar los interrogatorios.
La segunda fase de Mar Blau no guarda, en principio, relación con el núcleo de los hechos investigados hasta el momento: una presunta componenda para que Trapsa Yates, una empresa del Grupo Marsans, liderado por el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, cediera un concurso público de unos amarres en Maó al Club Marítimo de esa localidad. La maniobra -que se desarrolló entre 2003 y 2008- habría sido auspiciada por el entonces presidente de la APB, Joan Verger (PP), y el actual presidente Joan Triay (PSOE) habría estado al tanto de esas irregularidades y fue la autoridad que adjudicó finalmente el concurso a Trapsa Yates.
Trapsa Yates, a cambio de renunciar a los amarres en Maó, habría exigido la explotación de otros tres valiosos puntos de atraque y un trato de favor de Puertos en el concurso para otra concesión en Ibiza Nueva (Eivissa). El Club Marítimo de Maó, que llevaba años explotando los atraques, apoyaba esa salida, que finalmente no cuajó debido a que Trapsa Yates no renunció al concurso. Después, el club denunció en 2008 el caso ante la fiscalía.
En el sumario están encausados, además de Matías, Joan Verger, Francesc Triay, Gerardo Díaz Ferrán, Gonzalo Pascual, algunos exdirectivos del grupo Marsans, así como altos funcionarios de la APB. Ninguno de los principales imputados ha admitido irregularidades, salvo el excontable de una de las sociedades de Díaz Ferrán que reconoció haber hecho pagos en dinero negro a personal del grupo.
Dice que no influyó
Ángel de Matías afirmó cuando declaró por este caso, el pasado abril, que no fue iniciativa suya el intento de que Trapsa Yates renunciara al concurso del Marítimo de Maó. El director de Puertos de Balears añadió que se enteró del problema fue cuando le llamaron a una reunión que mantenía Verger con directivos del Club Marítimo de Maó.
Matías explicó que dentro de sus funciones como director de la APB no estaba la de resolver los concursos. El imputado defendió a los integrantes de los comités técnicos evaluadores de las ofertas.
