El Govern aprobó el pasado día 20 de mayo, dos días antes de las elecciones, la Cartera Básica de Servicios Sociales. Se trata de un decreto que establece las prestaciones mínimas que deben dar las administraciones en materia de servicios sociales y que prevé un coste para las arcas públicas de 25 millones de euros hasta el 2015. El citado decreto fue aprobado por el Govern de Francesc Antich con un contundente dictamen desfavorable del Consell Consultiu que alega que el Ejecutivo autonómico no tiene competencias para legislar en esta materia y deben ser los consells quienes lo hagan.
El Partido Popular sabe que nada más llegar al Govern tiene comprometidos estos 25 millones de euros en política social para los próximos cuatro años. Una cantidad que difícilmente podrá cambiar, ya que se trata de un decreto para desarrollar la Ley de Servicios Sociales aprobada por el Parlament esta misma legislatura.
Desde la conselleria de Servicios Sociales negaron de forma rotunda que esta aprobación, a escasos dos días de la contienda electoral y con dictámenes desfavorables, tuviera connotaciones políticas. La consellera Josefina Santiago argumentó la decisión indicando que el Consultiu emite informe desfavorable por una cuestión "estrictamente jurídica y de competencias, no sobre el contenido". Santiago recordó que con este decreto el Govern lo que hace es cumplir con una ley aprobada por el Parlament.
Según la memoria del decreto aprobado, se trata de un documento que "concreta el derecho de las personas a disfrutar de los servicios sociales en un marco de prestaciones. Por todo ello, se materializa el paso de un sistema asistencial a un sistema garante con derechos concretos reconocidos por parte de la administración pública".
El dictamen del Consell Consultiu, al que ha tenido acceso este periódico, aprobado por unanimidad de sus miembros, afirma: "El Govern, en este campo, sólo le corresponde determinar los principios generales normativos de acuerdo con el artículo 58.3 del Estatuto". El mismo informe añade en su punto siguiente: "Este órgano asesor considera que el decreto sometido a consulta recae en su objeto sobre una materia cuya regulación corresponde a los consells insulars de acuerdo con el artículo 70 del Estatuto de Autonomía. En consecuencia, este Consell Consultiu emite dictamen desfavorable a la aprobación de la disposición normativa proyectada". Hay que recordar que el Consell Consultiu está formado por una mayoría de letrados escogidos por los partidos del pacto que formaron Govern en el año 2007.
El Govern defiende el decreto
Josefina Santiago, consellera de Asuntos Sociales en funciones, defendió la aprobación de este decreto, pese a haberlo hecho dos días antes de las elecciones y con un informe desfavorable del Consell Consultiu. "Se trata de un debate jurídico –explicó Santiago– en un escenario que existe un vacío legal. Mientras el Consultiu apunta que las competencias son de los consells insulars, nosotros apelamos al artículo 58 del Estatuto que indica que el Govern debe velar para que en toda la comunidad se puedan ofrecer los servicios sociales mínimos requeridos". La consellera reiteró que el informe del Consell Consultiu habla de una cuestión "jurídica y no entra en el contenido social del decreto".
Santiago comentó que la aprobación de esta norma dos días antes de las elecciones fue por el retraso del Consultiu en emitir su dictamen. "Este decreto –añadió la consellera– es consecuencia de la la Ley de Servicios Sociales que obliga al Govern a poner en marcha una serie de normativas para desarrollarla. Nos hubieran podido acusar de no cumplir la ley en caso de no aprobar el decreto en el Consell de Govern".
