La estrategia de defensa del exconseller Fiol es que el Tribunal Superior de Justicia de Balears se pronuncie sobre este caso antes de que se devuelva el expediente al juez Castro. La defensa quiere que el juez Muñoz indique si la contratación de Calatrava debe discutirse desde la óptica administrativa, con todos los matices posibles, o si se trata de un delito de malversación al haber utilizado fondos públicos para pagar los servicios del arquitecto. Los letrados tienen la esperanza de que el juez Muñoz redacte un auto en parecidos términos como hizo en el caso de Joan Flaquer sobre la subvención otorgada a la fundación del expresident Cañellas. En este auto el juez indicaba que no apreciaba indicios de delito.
La fiscalía, sin embargo, cree que al margen del procedimiento administrativo que se siguió, la contratación de Calatrava respondía a un interés electoral. Anticorrupción sostiene que Matas sabía que el proyecto que había encargado era inviable, entre otras cosas porque no existía un estudio económico sobre el precio que iba a costar toda la obra que proyectaba el arquitecto, y en concreto el edificio de la ópera.
Fiol sostiene que estuvo al margen de la negociación personal que mantuvieron Matas y Calatrava en los dos encuentros que tuvieron, y que su gestión se limitó a cumplir una orden del expresident, defender el proyecto ante el Consell de Govern y de ordenar una tramitación administrativa avalada por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma.
