El diputado del Partido Popular Francesc Fiol defendió ayer ante el juez del TSJB el proceso administrativo que se siguió en la contratación del arquitecto Santiago Calatrava, que le costó al erario público casi 1,5 millones por un anteproyecto que no se ejecutó (expresado en una serie de dibujos), dos maquetas y un vídeo explicativo.
El exconseller del Govern Matas, que está imputado por un delito de malversación, solicitó al magistrado del TSJB Javier Muñoz realizar una declaración voluntaria. Al ser todavía diputado electo sigue disfrutando de su condición de aforado y, por tanto, corresponde al TSJB tramitar este asunto. Sin embargo, al no haber sido incluido en la lista electoral perderá esta condición de aforado en pocos días, por lo que se prevé que el juez Castro recupere el caso sobre el proyecto de la ópera.
Francesc Fiol ya tuvo la oportunidad de defender su actuación ante el juez Castro. Defendido por su abogado Bartomeu Vidal, el exconseller sostuvo ayer que siempre siguió el procedimiento administrativo marcado por la ley y, por tanto, negó que se hubiera cometido un delito de malversación, como sostiene la fiscalía Anticorrupción y la abogacía de la Comunidad Autónoma.
Fiol mantiene que si hubo alguna irregularidad, todas serían de orden administrativo, en ningún caso penal. "Estamos ante cuestiones puramente administrativas, es lo que he defendido siempre y es lo que puedo decir en este momento", manifestó Fiol al abandonar el Palacio de Justicia tras concluir la declaración ante el magistrado Muñoz.
La declaración que realizó ayer el antiguo integrante del Govern Matas no convenció al fiscal, quien reclama a Fiol una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros ya que entiende que la contratación del prestigioso arquitecto respondió a un intento del expresident del Govern de dar un golpe de efecto, empleando fondos públicos, para ganar las elecciones autonómicas.
El exconseller explicó al juez, como ya había hecho antes, que fue Jaume Matas quien personalmente le encargó la contratación formal del arquitecto Calatrava. Antes de este encargo, el expresident mantuvo una entrevista con Calatrava en un hotel de Roma y meses más tarde se produjo una segunda reunión en su despacho del Consolat. En la primera reunión se habló de posibles colaboraciones, pero en la segunda se le propuso que realizara un proyecto para modificar el aspecto del Moll Vell de Palma, incluyendo un edificio emblemático. Fiol afirmó ayer que desconocía el contenido de estas entrevistas.
La contratación de Calatrava se realizó a través de la empresa pública Ibisec, que depende de la conselleria de Educación, departamento que dirigía Francesc Fiol. El conseller afirmó ayer que solicitó informes jurídicos y técnicos para avalar la contratación directa y sin concurso de Calatrava, tras ser aprobada por el Consell de Govern en un acuerdo público.
En contra de lo que opinan las acusaciones, Fiol sostuvo que cualquier administración tiene la capacidad de realizar una contratación directa sin pasar por un procedimiento de concurso. El exconseller mantuvo que Calatrava, en el ámbito de la arquitectura, es uno de los mejores del mundo, y explicó que el Govern tenía mucho interés en contratarle para que realizara un gran diseño que supusiera una transformación radical del Moll Vell de Palma.
Errores administrativos
Los documentos que aparecen en la causa demuestran que Calatrava recibió el encargo de este proyecto mucho antes de que se aprobara formalmente su contratación, y así se lo indicaron ayer a Fiol en su declaración ante el juez. Sin embargo, el exconseller insistió en que se trataba de errores administrativos que no podían sostener una acusación en una causa penal. El exportavoz parlamentario del PP insistió en que toda su actuación venía avalada por los informes jurídicos de la comunidad autónoma, que no plantearon impedimento alguno para llevar a cabo la contratación.
El juez Muñoz también escuchó ayer el testimonio de un abogado de la comunidad autónoma que intervino en la contratación a través de la empresa pública Ibisec. El letrado explicó al juez que fue él quien aconsejó que el expediente de contratación de Calatrava debía contar con un acuerdo del Consell de Govern, y que así se hizo. El letrado cree que se cumplió el proceso administrativo.
