La fiscalía anticorrupción acusa al exdirigente de Unió Mallorquina (UM) Bartomeu Vicens, en prisión por malversar doce mil euros, el haber cobrado, entre 2003 y 2007, más de un millón de euros de origen ilícito. El fiscal postula que Vicens recibió en sus cuentas corrientes, incluida una hasta hace poco "secreta", ese dinero como pago por hacer favores urbanísticos, desde su puesto de conseller de Territorio en el Consell de Mallorca.
Los investigadores del caso Son Oms llevan meses tratando de esclarecer quién pagó los supuestos sobornos a Vicens, defendido por Eduardo Valdivia y Jaume Campaner, pero únicamente han podido reconstruir una parte del camino recorrido por el millón largo de euros. El exdiputado de UM usó, para camuflar sus presuntas corruptelas la empresa tapadera Metalumba, cuyos administradores eran sus amigos Alfredo Conde, el primer adjudicatario de la radio pública del Consell Ona Mallorca, y la esposa de éste, Elisabet Diéguez.
Metalumba tenía una cuenta en un banco de Palma, donde fueron ingresados una pequeña parte del millón de euros. Más tarde se descubrió que la sociedad pantalla empleó una segunda cuenta, que había permanecido "secreta" para los investigadores y donde se habrían cobrado el grueso de las supuestas comisiones.
Beneficiar a industriales
La fiscalía anticorrupción atribuye a Vicens el haber beneficiado a empresarios con intereses en polígonos industriales de Mallorca, entre ellos el de Son Oms, del que fue uno de los impulsores. El exconseller de Territorio habría empleado Metalumba para burlar la incompatibilidad de ese cargo con los negocios urbanísticos. Anticorrupción le acusa de cohecho, estafa, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y delito fiscal.
Dos empresas vinculadas a Jaime Montis –Gestora Desarrollo Son Oms S.L. y Montis Abogados– pagaron a Metalumba y al matrimonio Bartomeu Vicens y Antònia Martorell unos 770.000 euros, ingresados en las mencionadas cuentas.
Los investigadores han descubierto que Metalumba recibió otros 280.000 euros, cuya procedencia no se ha podido aclarar.
Entre los favores urbanísticos atribuidos al exconseller de Territorio se encuentra la modificación del volumen de edificabilidad de las llamadas zonas "M" de los polígonos industriales. Esta medida supuso que algunos empresarios vieran sensiblemente incrementados sus beneficios.
La fiscalía anticorrupción mantiene que la Comisión Insular de Urbanismo, presidida por Vicens, aprobó el cambio en mayo del 2004. También afirma que la reforma de las zonas "M" lucró a los empresarios y perjudicó a los Ayuntamientos, entre ellos el de Palma. "Los titulares de las parcelas "M" se enriquecieron en perjuicio del Ayuntamiento de Palma", puesto que el aumento de edificabilidad no fue parejo a un incremento de la cesión del aprovechamiento para la Administración local.
Anticorrupción solicitó la imputación en Son Oms del exvicepresident del Consell Miquel Nadal, al que acusó de dejarse influir por Vicens para apoyar los cambios en las zonas "M". Nadal, representado por Josep Zaforteza, rechazó tener intereses personales en Son Oms y apuntó que la reforma se hizo a instancias del ayuntamiento de Palma, gobernado por el PP. Vicens se acogió a su derecho a no declarar sobre sobornos y las zonas "M".
