El fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán pidió ayer la imputación en el caso Bomsai, una presunta trama de corrupción en torno a dos equipamientos públicos promovidos por el anterior Govern del PP, de Dolça Mulet, exdirigente de Unió Mallorquina (UM) y antigua consellera del Consell de Mallorca, por unas ayudas dadas al empresario Jaume Fluxà, que ya estaba encausado en el sumario. Subirán también reclamó el encausamiento de los hijos del intermediario Fluxà, del exalcalde de Pollença por UM Joan Cerdá y de Prudencio Vallejo, un conocido empresario, todos en relación a las subvenciones cobradas por el segundo.
Fluxà, que fue una especie de intermediario o agente comercial de la consultora internacional Atlas Capital en los contratos de la empresa pública Caib Patrimoni para preparar y supervisar los concursos de los dos equipamientos, declaró ayer como imputado ante la juez de refuerzo de instrucción 1 Margarita Bosch.
El empresario, defendido por Isabel Fluxà, fue interrogado sobre sus colaboraciones con Atlas Capital, que cobró unos 600.000 euros de las dos uniones temporales de empresas (UTE) adjudicatarias de la construcción del Parque central de Bomberos de Palma y de la sede de la conselleria de Sanidad. La consultora percibió esas cantidades en concepto de honorarios de éxito por su asesoramiento en el concurso. Anticorrupción sospecha que el anterior Govern del PP pudo incurrir en malversación de fondos por aquellos dos expedientes y que altos cargos del mismo pudieron cobrar sobornos por parte de las empresas participantes en ambos concursos.
Fluxà fue interrogado también acerca de unas subvenciones públicas pagadas en 2005 por el Ayuntamiento de Pollença para organizar actos festivos y vecinales en Cala Sant Vicenç (la Nit Niu). Entre la documentación incautada hace meses por el Grupo de Delitos Económicos de la Policía en la sede de las empresas de Fluxà aparecieron facturas y correos electrónicos sobre la justificación de aquellas subvenciones municipales.
El mismo empresario recibió del Consell, gobernado por UM, un total de 54.000 euros en subvenciones públicas entre 2004 y 2006. Jaime Fluxà admitió que en esos años era militante de UM y que se entrevistó con la consellera de Cultura Dolça Mulet para que apoyase esas ayudas.
El encausado reconoció que en esa época sus empresas pasaban por serios apuros y que usó para las ayudas otras sociedades a nombre de sus hijos y con participaciones también de Vallejo.
