Pocas veces había existido tanta unanimidad entre los sindicatos y colectivos profesionales isleños. El anuncio por parte del conseller de Economía, Carles Manera, de que va a ser necesario aplicar en Balears un recorte de 600 a 700 empleos públicos anuales ha desatado las iras de los representantes de este colectivo de trabajadores, hasta el punto de vaticinar un "invierno caliente" –el Sindicato Médico eleva el adjetivo a "incendiario"–, con intensas movilizaciones en la calle, si alguien intenta hacer una realidad esa medida.

Porque si en algo se coincide también es en la "sorpresa" que han generado las declaraciones de Carles Manera a DIARIO de MALLORCA a dos semanas de unas elecciones autonómicas y cuando "está prácticamente en funciones" en el cargo, según señala el presidente del Sindicato Médico de las islas, Isidro Torres. "Más torpe, imposible", añade el portavoz de UGT-Función Pública, Miguel Angel Romero.

La primera reacción por parte de los sindicatos consultados es de indignación, generada por el anunció de que se va a reducir el personal de la Administración autonómica, a lo que sigue la advertencia de que cualquier movimiento en ese sentido va a contar con una respuesta inmediata, con duras movilizaciones.

El máximo responsable de la federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Baltasar Piñeiro, pone de manifiesto que las declaraciones del conseller de Economía confirman el temor de su sindicato de que tras las elecciones autonómicas se va a poner en marcha un sustancial recorte de los servicios públicos, categoría en la que entran la sanidad, la educación o los bomberos. Según Piñeiro, el PP ya ha abierto esta línea en Madrid y CiU en Cataluña, y ahora todo apunta a que "el PSOE también se ha sumado en Balears".

Este temor es expresado también por Miguel Angel Romero, que denuncia una tendencia creciente a "externalizar y privatizar servicios públicos, lo que a la larga los convierte en más caros y de peor calidad". Esta teoría es expuesta igualmente por el portavoz de USO, Manuel Fernández, al tiempo que pone de relieve el ahorro que para las arcas autonómicas supondría la supresión de los numerosos cargos de confianza y "clientelistas" que existen, tanto en las Conselleries como en las empresas públicas.

El presidente del Sindicato Médico respalda esta última afirmación recordando que tampoco los altos cargos han renunciado a hacer uso de los coches oficiales.

Además, tanto Isidro Torres como el secretario general del STEI, Gabriel Caldentey, ponen de relieve que ese deterioro de los servicios públicos ya se ha iniciado, al no cubrirse todas las plazas que quedan vacantes en los centros sanitarios de Atención Primaria o en los escolares. Además, Caldentey vaticina el intento de un segundo ajuste "duro" en la Administración tras las elecciones.

Y según Romero, las declaraciones realizadas por el candidato autonómico del PP, José Ramón Bauzá, respecto a la sanidad, apuntan también en esa misma línea.

Al margen de este tema, la Mesa del Parlament ha acordado solicitar la comparecencia del conseller Manera en la Diputación Permanente para que explique el Plan de Saneamiento Financiero que ha sido rechazado en Madrid. Desde el PP se espera que la convocatoria se produzca en pocos días.