El Ministerio de Economía y Hacienda tiene previsto recurrir la oferta de 150 plazas docentes anunciadas para este año por la conselleria de Educación. Desde Madrid, ya se ha presentado el recurso contra las convocatorias de Castilla y León, Cataluña y Navarra y se espera que haga lo propio en otras cuatro comunidades, entre ellas, Balears. El motivo que plantea Hacienda es que estas convocatorias de plazas superan los cupos fijados por la Ley de Presupuestos.
Según dicho texto, sólo se pueden cubrir el 30% de las vacantes docentes que se produzcan. A nivel de toda la Administración autonómica y de todos los funcionarios, el tope está fijado en el 10%.
La conselleria de Educación anunció el pasado mes de enero que convocaba oposiciones y ofertaba 150 plazas: 50 para el cuerpo de maestros y 100 para el de profesores de Secundaria, profesores técnicos de formación profesional, y para el cuerpo de inspectores. El año pasado, el Ejecutivo autonómico prometió que convocaría 700 plazas este año, pero la oferta se redujo a 150, según explicó el conseller Llinàs, precisamente para cumplir con la Ley de Presupuestos. Bartomeu Llinàs indicó ayer que fue posible realizar esta convocatoria gracias al "sacrificio" de las otras consellerias; que dejaron que Educación, además del 30% que le correspondía, ´absorbiera´ ese 10% de reposiciones que se permitía a toda la Administración. El conseller confía en que la situación se solucionará ya que lanzaron la convocatoria tras haber llegado a un acuerdo con el Ministerio de Educación, organismo con el que ayer se pusieron en contacto para que tenga en cuenta "el caso específico" de Balears.
En medio de este conflicto entre Madrid y el archipiélago están las personas que se están preparando para estas oposiciones, que supera más del millar de personas. El sindicato STEI-i exigió una convocatoria urgente de la mesa sectorial e instó a la Conselleria a "hacer una defensa jurídica de la convocatoria". Biel Caldentey, su secretario general, recordó que Balears es una de las comunidades con mayor porcentaje de profesores interinos: un 25%.
Desde ANPE, se criticó la desorganización entre Estado y comunidades y lamentó que están convirtiendo estas convocatorias en "un fraude para decenas de miles de opositores".
