Balears recibe en las dos mejillas y más fuerte. Al conocido trato desigual del Gobierno del Estado se suma Bruselas. La Unión Europea (UE) también inflige a las islas el peor trato fiscal de todas las comunidades españolas. El pasado ejercicio, el archipiélago transfirió a las arcas comunitarias 375,5 millones de euros, básicamente a través de impuestos, y solo ingresó 40,6 millones vía ayudas, desvela un reciente informe de la Dirección General de Fondos Europeos del Govern.
Esta es la primera vez que Balears calcula su déficit fiscal respecto a la UE. El saldo negativo roza el 1,26% de su Producto Interior Bruto (PIB), mientras el de Cataluña, la segunda comunidad más perjudicada, apenas sobrepasa el 1%. Con la ampliación de la UE a 27 estados en 2007, España cambió de estatus; pasó a ser uno de los países ricos en comparación con los nuevos socios y se convirtió en contribuyente neto salvo en Andalucía, Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuya balanza sigue siendo positiva.
Excepcionalidad
Que Balears aporte más dinero de lo que recibe entra dentro de la lógica, pero la lógica pierde sentido si se compara su esfuerzo con el del resto de regiones. "El déficit fiscal de las islas con la UE es incomprensible. Balears dejó hace tiempo de ser una de las comunidades más ricas del Estado. Ocupa el séptimo lugar en el ranking del PIB per cápita. Todas las comunidades con un PIB superior al de Balears –País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña, La Rioja y Aragón– tienen saldos fiscales con la UE mejores que los nuestros. Se trata de una situación excepcional en todo el Estado y posiblemente también en la UE", critica Jaume Garau, director general de Fondos Europeos, dependiente de la conselleria de Comercio e Industria que gestiona el PSM.
Garau atribuye esta desigualdad al proceder del Gobierno central y no tanto a las autoridades comunitarias. Considera que el Ejecutivo de Zapatero emplea el dinero de Europa para "hacer compensaciones a determinadas autonomías" y, de este modo, ganarse apoyos parlamentarios.
El fondo más conflictivo es el de Cohesión, parte del cual se dedica a infraestructuras, no está territorializado y se distribuye de forma "discrecional". De esta partida, las islas no han recibido ni un solo euro en 2010. "La Comisión Europea nos ha dicho que la gestión que hace España del Fondo de Cohesión es opaca", afirma Garau.
El Ejecutivo central tiene en su mano la llave para acabar con el agravio de Bruselas. "La solución sería recibir más fondos europeos, pero la negociación de esta partida dependen exclusivamente de Madrid", sostiene. Sin embargo, el equipo de Zapatero estaría haciendo oídos sordos pese a las reuniones de Garau con responsables del ministerio de Economía, con el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, durante su visita a Mallorca en abril de 2010 y con el representante permanente de España en la UE. El pasado cuatro de marzo el president del Govern, Francesc Antich, remitió una carta a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, en la que reiteraba sus quejas sobre el déficit fiscal. La intercesión de Antich no ha surtido efecto. Todavía no ha recibido respuesta.
Garau subraya el desequilibrio construido en favor de otros territorios. "El Gobierno ha establecido con la UE mecanismos para compensar la lejanía del continente para los casos de Canarias, Ceuta y Melilla. En el reglamento general de los Fondos Europeos para el periodo 2007-2013 España negoció tres disposiciones adicionales favorables", recuerda. La primera disposición certifica que Ceuta y Melilla tendrán una asignación adicional de 50 millones a través de los Feder; la segunda concede a Canarias 100 millones y la tercera fija un paquete extra para este mismo archipiélago de 490 millones por su condición de insularidad y ultraperificidad.
Peticiones sin eco
"Después de cuatro años de peticiones continuas durante esta legislatura, el Gobierno central no ha dado nunca ninguna garantía ni respondió a las peticiones del Govern en el sentido de un mínimo reconocimiento de su condición de insularidad en el ámbito europeo", incide.
Balears también insiste en reclamar a la Comisión Europea la ampliación del concepto de límite geográfico (más allá de los 150 kilómetros) para ser incluida como región transfronteriza. Esta modificación permitiría al archipiélago entrar en los programas de colaboración entre territorios de España, Francia y Andorra e Italia y la Francia marítima.
