Congelación salarial para intentar mantener los empleos existentes en el sector. Esa es la receta que las patronales Afedeco y Pimeco van a presentar a los sindicatos a la hora de negociar un nuevo convenio colectivo para el comercio, a lo que se sumará la supresión de las bonificaciones existentes por trabajar en un día festivo "para poder competir así con las grandes superficies", según adelantan los presidentes de ambas organizaciones empresariales, Bartolomé Servera y Bernat Coll respectivamente. El primero de ellos no oculta que para que sobrevivan las empresas "es necesario que todos, propietarios y asalariados, estemos dispuestos a trabajar más incluso ganando menos, porque éste es un momento para hacer sacrificios", a lo que añade el segundo que ante la crisis actual "la prioridad es mantener el empleo".

Estas declaraciones se realizaron después de que ayer se constituyera la mesa negociadora que debe aprobar el nuevo convenio colectivo para el sector, y de la que también forman parte los sindicatos UGT, CCOO y USO. La postura de estos últimos es igualmente clara: no es el momento de avances, sino de mantener lo conseguido, de ahí que se reclame para los trabajadores del comercio el mantenimiento de su poder adquisitivo, lo que supone un incremento salarial similar o superior a la inflación, que en este momento se mueve en unas tasas interanuales del 3,6%.

Según subraya el máximo responsable de la federación de comercio de UGT en las islas, Antonio Copete, "va a ser imposible que reactivemos el consumo si las empresas optan por reducir el poder adquisitivo de sus empleados".

El impacto que este convenio tiene para las islas resulta evidente: afecta a unos 50.000 empleados del archipiélago y a unas 20.000 empresas, la mayoría de muy pequeño tamaño, lo que le convierte en el segundo más importante de Balears, por detrás del de hostelería y sus 100.000 asalariados durante las puntas del verano.

La decisión de los empresarios de plantear una congelación salarial para los trabajadores de comercio se sustenta en la caída de las ventas que se ha ido acentuando durante los últimos meses (el primer trimestre de este año ha sido definido como uno de los perores que se recuerdan) y en la necesidad de frenar la destrucción del empleo que se está registrando en este sector.

Pero al postura inicial del empresariado también contempla recortes. En concreto, se quiere acabar con la diferencia en los costes que para los comerciantes supone abrir en un festivo respecto a un día laborable, al considerar que la única forma de competir con las grandes superficies es jugar con sus mismas reglas.

A ello se añade otra demanda: mayor flexibilidad en los horarios. Sobre este último punto, Coll y Servera aseguran que "no se trata de tener que trabajar 15 horas diarias, sino de que el comerciante pueda adaptar su jornada a las necesidades del cliente". En concreto, ambas patronales están analizando en este momento una propuesta para cambiar el horario tradicional de las tiendas, para lo que se necesita reducir las ataduras en esta materia. Sin embargo, patronales y sindicatos coinciden en rechazar la liberalización total de los horarios.

Y los sindicatos asumen ya que se va a tratar de una negociación larga y dura, y mantienen su decisión de no aceptar ninguna revisión salarial que se sitúe por debajo de la inflación.