El Grupo de Delitos Económicos de la Policía acusa en un atestado a Unió Mallorquina (UM) de captar militantes ofreciéndoles cargos en las instituciones que gobernaron en esta y la pasada legislatura.
Según la Policía, el extinto partido tejió un entramado para nutrirse de militantes a cambio de contratos en instituciones públicas, como el consorcio público de informática Cilma o en empresas proveedoras del Consell, del Ayuntamiento y de la conselleria de Turismo.
Todas estas supuestas contrataciones fraudulentas se están investigando en tres sumarios diferentes: los casos Voltor, Maquillaje y Picnic. Estas causas están siendo instruidas por otros tantos jueces.
