Un funcionario de la cárcel de Palma, que trabajó como encargado de la enfermería del centro penitenciario, ha sido sancionado con un año y tres meses de suspensión de empleo y sueldo por haber esposado, sin motivo, a un recluso de la prisión que él consideraba conflictivo. Esta sanción fue impuesta por el secretario de Estado de Seguridad, decisión que ha sido ahora ratificada por el Tribunal Supremo, que ha decidido desestimar el recurso del funcionario.
El incidente ocurrió en la mañana del día 4 de septiembre de 2008 en el centro penitenciario de Palma. Entre las 11 y 11.30 horas de ese día, el funcionario, como encargado del departamento de enfermería, tomó una serie de decisiones que, a la postre, le han supuesto perder su empleo durante 15 meses. La sentencia explica que el encargado de la enfermería requirió la presencia de otros dos funcionarios para que le ayudaran a cachear a un interno. No tenía autoridad para dar esta orden y tampoco lo comunicó ni pidió permiso a los jefes de servicio, que son los que actúan cuando se produce un incidente con un recluso. Entre tres funcionarios esposaron al interno y se le trasladó de esta forma al departamento de aislamiento. Tampoco pidió autorización a los jefes de servicio para sujetar al recluso ni para realizar este traslado a una de las zonas más duras de la prisión.
Informe de los hechos
El jefe de servicios solicitó al funcionario que realizara un informe sobre este incidente, entre otras cosas, porque el interno había denunciado que los tres trabajadores de la prisión le habían golpeado y le habían ocasionado un corte en una ceja. El funcionario suspendido se presentó por la tarde en el área de jefatura de servicios. Allí se produjo un incidente con un compañero. Comenzó a gritar e intimidar con la voz al otro trabajador. "¿De qué palo vas?, ¿me estás vacilando?", le preguntó a uno de sus compañeros. "Sé que vais a por mí y tu estás influenciado por ésta", señalando a la jefa de servicios que estaba presente.
Este doble incidente, tanto el de la colocación de las esposas como la disputa con el compañero, fue denunciado ante la secretaría de Estado de Seguridad, y se adoptó la decisión de imponer dos faltas graves contra el funcionario. Se le sancionó por abuso de autoridad en el ejercicio del cargo y por una grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados.
El Supremo ha rechazado ahora el recurso del funcionario y ha confirmado la legalidad de la sanción en su contra.
