El parque nacional de Cabrera cuenta desde ayer con un plan de usos militares, pendiente de su firma desde la declaración de esta figura de protección medioambiental para el archipiélago meridional balear en 1991.

Este plan de usos fue aprobado mayoritariamente por los miembros que conforman el Patronato del parque a excepción hecha de la organización ecologista Greenpeace, que reiteró su rechazó a que un parque natural cuente con esta planificación para uso castrense.

Como explicó el presidente del Patronato de Cabrera, Albert Catalán, "se ha tratado de formalizar un uso que ya se venía dando desde el año 1991, fecha de la declaración de Cabrera como parque nacional. Y en el plan aprobado se da prioridad a la conservación y a la preservación de la biodiversidad del archipiélago por encima de cualquier otra consideración, salvo que concurran circunstancias extremas de seguridad nacional", matizó.

Así, según explicó el presidente del Patronato, en Cabrera no podrán realizarse maniobras militares ni con fuego real ni con munición de fogueo. No podrán acceder a las zonas de la reserva acotadas para los proyectos de investigación así como a las de uso restringido. Tampoco podrán realizar actividades subacuáticas fuera de los puntos destinados a ellas. Asimismo, en caso de pretender hacer unas maniobras terrestres, tendrán que respetar los itinerarios marcados y nunca se podrá superar la presencia de más de trescientas personas simultáneamente en el ámbito natural en una misma jornada", desgranó Catalán algunas de las condiciones que contempla el plan de usos aprobado ayer que, insistió, está supeditado a la conservación del entorno y a la preservación de su biodiversidad.

"No hay que olvidar que Cabrera es propiedad del ministerio de Defensa y que desde su declaración como parque nacional, en 1991, no ha habido ningún problema con la presencia militar en el archipiélago", recalcó.

En otro orden de cosas, Catalán señaló que en la reunión de ayer el Patronato aprobó el presupuesto anual del parque que, reveló, ascenderá a unos tres millones de euros de los 1,5 irán destinados a los gastos del parque, 850.000 euros para sufragar el centro de interpretación de la Colònia de Sant Jordi y los 600.000 restantes para afrontar los gastos de carburante, agua y luz de las instalaciones de las que dispone el principal islote del archipiélago.