El Consell de Mallorca, representado por los letrados Miquel Coca y Jesús María Silva, reclaman sendas penas de 9 años de cárcel para la expresidenta de dicha institución Maria Antònia Munar y otros de los principales imputados en el caso Can Domenge, la presunta trama de corrupción entorno a los solares del mismo nombre. La institución insular solicita idéntica pena para los también exdirigentes de UM Miquel Nadal, Bartomeu Vicens y Miquel Àngel Flaquer y para el abogado Santiago Fiol, que fue asesor en Palma de Sacresa.
A diferencia de la fiscalía anticorrupción, que no acusa a los antiguos cargos de UM de malversación de caudales, el Consell sí les imputa ese delito, aunque en conexión con otros. Así, mientras anticorrupción solicita sendas condenas de 6 años de privación de libertad para Munar, Nadal, Flaquer y Vicens, el Consell pide 6 años por los delitos en concurso (prevaricación, fraude y malversación), más otros 3 por revelación de secretos públicos.
El relato de los hechos imputados a los cinco imputados mencionados, así como a Román Sanahuja Pons, el patriarca de la saga familiar propietaria del grupo Sacresa, es muy similar en los escritos de la fiscalía y de la acusación particular del Consell. En la causa existe otra tercera acusación particular, la ejercida por el empresario barcelonés, y expresidente del Barça Club de Fútbol, Josep Lluís Núñez i Navarro, que también en su día pidió la imputación de Mario Sanz Bernal, un antiguo ejecutivo de Sacresa.
Apertura de juicio oral
El siguiente paso en la instrucción del caso Can Domenge es la apertura de juicio oral por parte de la magistrada de instrucción 12, que tendrá que decidir qué personas finalmente se sientan en el banquillo de los acusados. En el sumario ha llegado a haber hasta 17 imputados, pero varios han sido exculpados, entre ellos altos funcionarios del Consell, los hijos de Román Sanahuja y un antiguo ejecutivo del grupo, el exconseller de la Generalitat de Catalunya Josep Maria Pujals.
Fiscalía y Consell reprochan en sus escritos a Maria Antònia Munar, y al resto de la cúpula de esa institución en la legislatura pasada, el no haber sacado a subasta los solares urbanizables de Can Domenge, en vez de enajenarlos en un concurso y por la mitad de su valor de mercado. A Munar, defendida por los abogados Gabriel Garcías y José María Alonso, se le acusa de defraudar 30 millones al Consell de Mallorca, la diferencia entre el dinero obtenido por la institución en el concurso y el valor de mercado entre 2005 y 2006 de las parcelas.
Las acusaciones atribuyen a Munar y a su plana mayor en el Consell el obviar el sistema de subasta, que habría permitido a la institución obtener una suma mucho mayor por unas parcelas de gran valor urbanístico en aquellos años.
Los imputados, tras concertarse, presuntamente, con la empresa catalana Sacresa para venderle las fincas a la mitad de su precio de mercado, se habrían esforzado en fabricar un expediente a la medida de dicha promotora. Por ello pusieron como justificación para el concurso la excusa de que el proyecto ganador sería emblemático para Mallorca, con lo que el precio dejaba de ser el elemento principal. Sacresa fichó al arquitecto Jean Nouvel para su oferta. Las acusaciones también postulan que desde la cúpula del Consell se facilitó a Sacresa información privilegiada sobre el concurso.
